Rebeldía en las empresas ante la posibilidad de que el impuesto energético convierta el País Vasco en un paraíso fiscal

Salvo milagro de última hora, todo apunta a que el PNV no va a votar en contra del impuesto a las energéticas y a la banca, que según algunas fuentes podría votarse la semana que viene en el Congreso. El anuncio de que el Gobierno vasco bonificará a las empresas que tengan allí el domicilio social ha encendido las alarmas en otras regiones. Lo verían como un reclamo injusto, una competencia desleal, que haría que todas las empresas del sector energético quisieran tener allí su sede al no tener efecto los impuestos en sus cuentas.

Por este motivo el PNV seguramente votará a favor del impuesto, con la condición de que luego puedan deducírselo las empresas que tienen allí su sede social. Entre las más importantes se encuentran Iberdrola, BBVA, y en menor medida Repsol, pues su filial Petronor, radicada allí, supone solo un pequeño porcentaje en su cuenta de resultados.

En el mundo energético hay un enfado notable con el PNV, que hasta ahora había sido un partido pro empresa. El impuesto a las empresas energéticas y a la banca es anti empresa, y el partido de Ortuzar accede a que se implante porque con las deducciones no afectará a las compañías instaladas a su región, y porque gobierna en coalición con el Partido Socialista de Euskadi (PSE) en el País Vasco.

En el sector energético hay malestar con el PNV, y en el propio partido también. No entienden que en Madrid se esté votando a favor de las políticas de Bildu, que son de izquierdas, cuando el PNV es un partido de derechas.

Tampoco se entiende en el interior del partido que se esté abusando del concierto vasco con la única idea de fastidiar al resto de España.

El apoyo del PNV a los impuestos se uniría al de ERC, PSOE y Sumar. Junts votaría en contra, y está por ver qué hará el PP.

Mientras todo esto sucede en el País Vasco, Expansión informaba ayer de que el Gobierno de Sánchez estudia cómo rediseñar el impuesto energético para que no recaiga solo en los grupos más grandes (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Acciona y Disa).

Se baraja que el impuesto sea un porcentaje sobre los beneficios, no sobre las ventas, como se ha hecho hasta ahora con las principales empresas, y que las compañías puedan desgravarse hasta un 30 % de la base imponible con la condición de que reinviertan los beneficios en proyectos de transición ecológica y economía sostenible.

Podrán hacer lo que quieran, pero nada quitará a las empresas la sensación de que estarán pagando por algo que se dijo que iba a ser provisional y que les ha hecho desembolsar ya una cantidad importante de dinero. Entre Repsol, Cepsa, Naturgy, Endesa e Iberdrola abonaron más de 1.000 millones de euros en 2023 y 2024 (1.355 millones y 1.055, respectivamente). Repsol fue la que más pagó (443 millones en 2023 y 350 millones en 2024), a pesar de que entre 2019 y 2020 perdió 5.000 millones, una cifra que desde entonces ya ha revertido.