Un catedrático abronca a los políticos por su política de vivienda: «No se entiende nada de lo que han hecho ustedes en los últimos diecisiete años»

El catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre ha abroncado esta semana a los políticos en su comparecencia en el Congreso en la comisión que está teniendo lugar para tratar de encontrar soluciones al problema de la vivienda: «Desde el punto de vista académico no se entiende nada de lo que han hecho ustedes los últimos diecisiete años, en Bruselas, en esta casa y en los parlamentos autonómicos. Cada vez que hacen una norma encarecen el precio de la vivienda».

Su tesis es que las leyes de los últimos diecisiete años han ido excluyendo a las familias de clase media y baja del acceso a la vivienda en propiedad. «¿De verdad queremos que cada vez la propiedad privada se concentre más en los fondos de inversión que en las familias? ¿De verdad que queremos una sociedad de ricos propietarios y pobres inquilinos», planteó este experto.

Nasarre explicó las conclusiones de sus trabajos de investigación realizados en los últimos treinta años e intentó demostrar que la actual situación es fruto de la crisis financiera mundial de 2007, «cuando empezó todo», además una política «errática» a todos los niveles durante los últimos diecisiete años. Nasarre es también autor del libro Los años de la crisis de la vivienda.

Este catedrático propone derogar la ley de vivienda y diversificar «las formas de tenencia» de una casa, «desde la más humilde y subvencionada hasta la privada cien por cien».

Se trataría de fomentar las dos nuevas vías para ser propietario sin sobreendeudarse que ya existen en Cataluña desde 2015, pero que no se usan: la «propiedad compartida» y la «propiedad temporal», como alternativa a la compra y el alquiler.

Su listado de recetas incluye revisar los recargos, sanciones, expropiaciones y demás medidas «intrusivas» de comunidades y ayuntamientos y tomarse «en serio» el capítulo 6 del plan del Gobierno España 2050 sobre desarrollo territorial.

En su guía incluye también una advertencia: «Regular los alquileres turísticos y de temporada solo conseguirá que haya más mercado negro».

La solución está en el suelo, no en topar los precios

El arquitecto y urbanista Gerardo Roger ha sido otro de los intervinientes en la comisión. Para él la mejor política de vivienda es una buena política de suelo. Roger ve en los suelos dotacionales (aquellos que se destinan a usos o servicios públicos, como calles, parques, colegios, centros sanitarios, instalaciones deportivas, centros culturales y edificios administrativos) el «gran nicho» sin explotar para levantar esas casas. «Suelos dotacionales hay por un tubo y de actuación inmediata», aseguró este experto, que en los 80 dirigió el urbanismo de Almería, en los 90 el de la Comunidad Valenciana y que ha redactado numerosos planes proyectos y leyes urbanísticas.

Para este especialista, la solución estructural vendría dentro de dos generaciones y no es otra que la «promoción y gestión pública directa» de 2 millones de viviendas.

Se trataría de construir anualmente 50.000 viviendas (25.000 el Estado y 25.000 las comunidades autónomas) durante cuarenta años, algo posible teniendo en cuenta que en la actualidad se hacen al año entre 80.000 y 100.000, según datos del Banco de España.

Roger apuntó también que los 5.000 millones anuales de inversión que supondría ese gran parque de viviendas sociales (2.500 millones el Estado y 150 millones cada comunidad autónoma) retornarían a la administración en treinta o cuarenta años, a través de los alquileres de entre 300 y 600 euros al mes que pagarían los arrendatarios.

Esos inquilinos serían fundamentalmente «mileuristas», incluso «dosmileuristas», que con sus salarios no pueden acceder a un vivienda en el mercado libre y tampoco en el de «colaboración público-privada», donde las rentas van de 900 a 1.100 euros al mes.

A su juicio, este modelo, por el cual los poderes púbicos ceden suelo gratis a los promotores privados que construyen y explotan las viviendas durante varias décadas hasta que vuelven a la administración, «resuelve el problema de la clase media», pero no el de los que ganan menos de 3.000 euros, atendiendo a la norma de no destinar más del 30 % de los ingresos al pago de una casa.

«Los mileuristas no llegan ahí. Eso solo se resuelve con gestión pública directa, creando sociedades públicas de promoción en el Estado y las comunidades autónomas. No queda más remedio que hacer esto para que los mileuristas no se vayan a la puñeta», alertó este especialista a los diputados de la Comisión de Vivienda.

Donde no ve para nada la solución es en controlar los precios: «Topar los precios lo más que puede hacer es que bajen un poco, de 1.000 euros a 900, pero lo que necesitamos es que bajen a 300 euros y eso no lo consiguen los topes».