El PSOE renuncia al impuesto energético a cambio de un hachazo fiscal a la banca, el diésel, el ahorro, el tabaco y el vapeo

Una mini reforma fiscal en un paquete de enmiendas. En las enmiendas registradas este miércoles por el PSOE al proyecto de Ley del impuesto complementario para las multinacionales, a las que ha tenido acceso El Debate, los socialistas renuncian a mantener el impuesto energético, y pacta con el PNV una fórmula para prorrogar, al menos tres años más, el tributo especial que grava los ingresos de las entidades bancarias a cambio de cederlo a las Haciendas forales.

El documento recoge también la equiparación de la fiscalidad del litro de diesel al de gasolina, una medida a la que el Ejecutivo ya tuvo que renunciar por su impopularidad, y que supondrá elevar el precio por litro en mas de nueve céntimos, excluyendo al gasóleo de uso profesional. Ademas, aboga por establecer un IVA específico a los pisos turísticos y pretende también subir el IRPF a las rentas del ahorro de más de 300.000 euros, del 28% al 29%, tras las alzas registradas en los últimos años.

En cambio, no ha logrado conseguir los respaldos suficientes para mantener la tasa análoga a las empresas energéticas, después de la férrea oposición del sector en los últimos meses, encabezada por Repsol y, en los últimos días, Cepsa, que ha hecho que Junts optara por no respaldarlo. Del acuerdo se ha desmarcado Sumar, que aboga por mantener también el tributo energético.

Los socialistas proponen incorporar al régimen tributario un nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras que sustituya a la actual prestación patrimonial, que decaerá el próximo 31 de diciembre. En el documento ya no se hace mención a la tasa a las energéticas, pero sí se aboga por incorporar al sistema tributario una tasa a los cigarrillos electrónicos con nicotina (de entre 15 y 20 céntimos por mililitro) y otras modificaciones fiscales que afectan a los cigarros y a los cigarrillos.

El nuevo tributo a la banca sería aplicable «en los tres primeros periodos impositivos consecutivos que se inicien desde el 1 de enero de 2024» y gravará el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras. La base imponible estará constituida por el saldo positivo resultante de integrar y compensar el margen de intereses y los ingresos y gastos por comisiones, a excepción de que el resultado fuera negativo, en cuyo caso no habría que tributar. Esto supone un cambio de diseño respecto al modelo actual, que obliga a tributar incluso aunque la entidad incurra en pérdidas. Además, se incorporan deducciones en función de la rentabilidad sobre el activo total.

Cesión al PNV

El PNV ha confirmado que las enmiendas pactadas con el PSOE permitirán que los impuesto a la banca y las multinacionales (la tasa mínima del 15 % que reclama Bruselas) se apliquen a través de los regímenes tributarios forales del País Vasco y Navarra, al incorporarse al concierto económico. Por su parte, «el gravamen a energéticas decaerá por factores externos a la formación jeltzale, que ha mostrado su voluntad de convertir en impuesto y concertar dicho tributo», han confirmado en un comunicado.

El impuesto a las energéticas, pergeñado al calor de la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, grava el 1,2 % sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo que facturasen más de 1.000 millones en 2019. No afecta a los ingresos de las actividades reguladas, como por ejemplo la PVPC de electricidad o la tarifa TUR de último recurso de gas. Repsol ha desembolsado este año unos 335 millones por el impuesto; Endesa, pagó 202 millones; Iberdrola, 157 millones y Cepsa 240 millones. Naturgy, por su parte, cifró en 300 millones su impacto en 2023.

Por su parte, el actual gravamen sobre la banca carga con un tipo del 4,8 % el margen de intermediación, es decir, los intereses netos (diferencia entre los que cobra y los que paga) y las comisiones netas (diferencia entre las cobradas y pagadas) de las principales entidades financieras españolas, al afectar a aquellas entidades que cerrasen 2019 con más de 800 millones por ambos conceptos.