El Gobierno 'engorda' la definición de pyme para quitar trabas mientras multiplica por 12 la burocracia verde

Una de cal y otra de arena. El Gobierno ha aprobado elevar los umbrales que clasifican las empresas según su tamaño, lo que previsiblemente redundará en una menor carga administrativa para las empresas más pequeñas. En concreto, se incrementan un 25 % las horquillas que clasifican a las compañías en función de sus activos y su volumen de negocio.

Las cifra de negocio de las pequeñas empresas pasará de 8 a 10 millones y de las medianas de 40 a 50; mientras que el total de activos pasa, respectivamente, de cuatro a cinco millones y de 20 a 25 millones, según el Anteproyecto remitido al Consejo de Ministros. Un incremento que, según detalló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, busca compensar el impacto de la inflación de los últimos años sobre las cuentas de estas empresas. Lo que queda sin cambios es el número de empleados: se mantiene en 50 para pequeñas empresas y 250 para medianas.

«Antes un pequeño empresario dedicaba la mayor parte de su tiempo a gestionar, a buscar clientes, a producir. Hoy tiene que dedicar una parte muy importante de su tiempo a cumplir con las diferentes normativas. Eso son costes. Son desincentivos», advertía en una reciente entrevista con El Debate el presidente del Círculo de Exportadores, Antonio Bonet.

«Y además hay una serie de umbrales. Por ejemplo, a partir de 6 millones de facturación, las empresas tienen que presentar sus declaraciones de IVA con carácter mensual. En Hacienda se considera que son grandes contribuyentes. Con lo cual, están sujetos a mayores medidas de inspección. Si tú estás facturando 5,6 millones, ¿te compensa aumentar a 6,2 millones? Es un dolor de cabeza, y eso que esa medida no tiene coste», añadía.

Fedea destaca el «número desproporcionado» de empresas españolas que tienen exactamente 49 empleados

Un estudio de Fedea resaltaba precisamente el «número desproporcionado» de empresas españolas que tienen exactamente 49 empleados, «un 62 % más del número que cabría esperar». La razón primordial de esta anomalía es que estas empresas intentan evitar una parte de las reglas sobre representación laboral, beneficiándose así de la excepción que disfrutan las empresas de menor tamaño.

Nuevos requerimientos

La medida emana de una directiva europea. Pero mientras esta modificación promete aliviar de carga burocrática a las compañías más pequeñas, otra modificación abordada ayer por Ejecutivo, procedente también de Bruselas, hará lo contrario. Se trata del nuevo requerimiento a las empresas de presentar un informe de sostenibilidad, valorado este martes por el Consejo de Ministros.

Contemplado en el Anteproyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, será aplicable a todas las grandes empresas y grupos de empresas, cargándolas con un nuevo peso burocrático, lo que afectará a unas 50.000 empresas.

Este nuevo trámite afectará también a las medianas y a las medianas y pequeñas empresas cotizadas, a excepción de las microempresas. En concreto, a unas 16 compañías, según Economía. En su caso, los requisitos de información obligatoria serán más reducidos y habrá un período adicional para adaptarse.

Bajo esta nueva Ley, que deberá aún aprobarse en las Cámaras, las empresas deberán dar cuenta de su impacto en ámbitos como el medio ambiente, los derechos sociales o los relativos a derechos humanos y gobernanza, en la evolución, resultados y la situación de la empresa o grupo. Lo harán basándose en un marco europeo y de forma electrónica.

Para ello, se modifica la Ley de Auditoría de Cuentas y el Registro de Auditores pasa a denominarse Registro Oficial de Auditores de Cuentas y de Verificadores de Información sobre Sostenibilidad.

De 90 a 1.100 indicadores

Aunque en su análisis de la norma la CNMC la consideró «positiva» dado que «debería producir un funcionamiento más eficiente de los mercados», los despachos de abogados advierten que supondrá una mayor carga regulatoria para las empresas.

La Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad «va mucho más allá de lo dispuesto en la directiva europea. Para empezar, por los plazos. La directiva obliga a este informe a partir del 2027 mientras que la ley aprobada por el Consejo de Ministros pretende comenzar a aplicarse este mismo 2024», apunta a El Debate Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusí.

Para minimizar el impacto, el Ejecutivo ha previsto un calendario escalonado de entrada en vigor. Así, las empresas grandes de interés público de más de 500 trabajadores deberán aplicarla ya en este ejercicio; y el resto de empresas grandes y entidades dominantes, a partir del 1 de enero de 2025.

Por su parte, las pymes cotizadas (a excepción) de las microempresas deberán implementarla a partir del 1 de enero de 2026; y las filiales y sucursales españolas de empresas de terceros países que tengan un volumen de negocio en el territorio comunitario superior a 150 millones de euros, a partir del 1 de enero de 2028.

«La directiva europea establece una primera obligación para compañías de más de 5000 trabajadores, mientras que la ley española se empieza a aplicar para empresas de más de 500», detalla Juan Ignacio Navas, de Navas&Cusí. Por otro lado, elevar de 80 a 1.100 (es decir, doce veces más) las exigencias de información supone multiplicar las cargas administrativas cuando el ‘informe Draghi’ plantea exactamente la necesidad de caminar en dirección opuesta», explica. «Tenemos la sensación de que solo servirá para crear una nueva industria ESG cuyo valor añadido es discutido y discutible».