La DANA de Valencia apunta a convertirse en la catástrofe más cara de España

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha recibido en apenas cinco días 46.000 solicitudes de indemnización, según ha revelado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, una cifra sin precedentes que casi dobla las recogidas por este organismo público en 1983 cuando una inundación devastó Bilbao provocando pérdidas millonarias. Solo en infraestructuras dañadas el Ministerio de Transportes anticipa un desembolso cercano a los 2.600 millones de euros.

Desde el año 1971, el Consorcio ha recibido 1.159.504 reclamaciones y ha pagado 8.488 millones de euros en indemnizaciones. Esta institución cubre «con sus propios medios» la gestión y el pago de las solicitudes de indemnización «previa valoración de los daños indemnizables que se hayan producido y que continúen produciéndose con motivo de este episodio de inundación extraordinaria».

La de la capital vizcaína fue la catástrofe natural más cara para el Consorcio, que desembolsó 977,3 millones de euros en indemnizaciones, según los datos del propio organismo, muy por encima de los 653,4 millones pagados por los daños causados por el ciclón Klaus en 2009 o los 600,6 millones del terremoto de Lorca. Para Mirenchu del Valle, presidenta de la patronal aseguradora Unespa, se trata del siniestro «más importante por un evento climático» del país, pero prefiere no hacer una valoración de los daños todavía.

En el caso del ciclón Klaus, se abrieron 230.366 expedientes sobre viviendas y comunidades con indemnizaciones por valor de 355 millones de euros, mientras que los daños en industria y comercio ascendieron a 218,3 y 67,5 millones respectivamente.

En Lorca, las indemnizaciones por viviendas tras el terremoto llegaron a los 501 millones de euros, los de comercios a 80,5 millones, a oficinas 9,2 millones e industria 8,8 millones.

El CCS cubre los daños producidos en personas y bienes asegurados, como viviendas, vehículos o establecimientos comerciales. El único requisito es que los afectados tengan seguro en vigor en el momento que se produjo la catástrofe. El problema, como explica Lucía Menéndez, directora del despacho Aguirre y Baeza, es que, si bien la Comunidad Valenciana tiene una de las mayores tasas de aseguramiento de país, muchas personas, sobre todo mayores, carecen de seguros.

«Esta mañana llamó un afectada tenía asegurada su vivienda y su negocio, pero su madre, que vive en el mismo edificio, no tenía seguro. Muchas personas mayores, por ahorrar gastos o por no tener documentación, serán los más afectada», comenta.

En este caso, los afectados tendrán que esperar a que el Gobierno apruebe la declaración de zona catastrófica, una medida que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros y que permitirá a las víctimas acceder a ayudas económicas.

El Real Decreto 307/2015, por el que se regulan la subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, establece diferentes cuantías en función del daño producido que van desde los 2.580 euros. hasta los 15.120 euros. No obstante, el Ejecutivo ampliará previsiblemente las ayudas a través de un nuevo texto como ocurrió con el volcán de La Palma.