La AIReF y los expertos niegan a Sánchez: no hacen falta Presupuestos para ayudar a las víctimas de la DANA

Un insólito intento de salvavidas para el Gobierno en medio de una catastrófica inundación. El presidente Pedro Sánchez aprovechó el anuncio de un paquete de ayuda a la Comunidad Valenciana de 10.600 millones de euros para pedir a todo el arco parlamentario que respalde un nuevo proyecto presupuestario. El mensaje iba destinado en particular al PP, partido que gobierna la Generalitat valenciana, ante las dificultades de la coalición de gobierno para lograr sacar adelante, por segundo año consecutivo, unos Presupuestos Generales.

Las medidas se articularon ayer en un Real Decreto-ley con exenciones fiscales, ayudas directas y créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), además de flexibilizaciones para el pago de algunos tributos y de los módulos agrícolas. Además, el Estado compensará a los municipios por la reducción en el cobro de impuestos municipales, y se abrirá a los ayuntamientos el gripo del Fondo de Financiación de Entidades Locales para cualquier gasto relacionado con el desastre.

Solo para el fisco el primer impacto alcanzará los 1.438 millones de euros. Algo que el presidente del Gobierno quiso vincular con la aprobación de unos nuevos Presupuestos. «Son muchos recursos económicos. Eso nos va a tener que hacer revisar el impacto que va a tener sobre el déficit público y la deuda pública», sostuvo el presidente tras la celebración del Consejo de Ministros.

«Necesitaremos unos nuevos Presupuestos. La responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales», insistió Sánchez. Los populares, por su parte, no dudaron en calificar de «chantaje» está vinculación de las ayudas al proyecto presupuestario. «Las ayudas para los afectados pueden aprobarse fuera del debate de los Presupuestos», afirmaron.

«Se equivoca Sánchez. No hacen falta Presupuestos para aprobar ayudas extraordinarias», considera el economista Santiago Sánchez. «No son necesarios unos Presupuestos. Basta con un crédito extraordinario. Es de libro», coincide José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.

«La aprobacion de unos nuevos PGE facilitaría toda la gestion presupuestaria tanto la ordinaria como la extraordinaria para atender los daños catastroficos de Valencia», cuenta Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). No obstante, Izquierdo añade que «la gestión presupuestaria puede ser perfectamente viable con una prórroga si se utilizan los mecanismos específicos previstos en la Ley General Presupuestaria».

En su artículo 55, recoge que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el próximo ejercicio, y no haya crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable —caso actual dado que se mantienen prorrogados los Presupuestos de 2023— «deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto».

Dicho crédito puede financiarse a través del Fondo de Contingencia u otros fondos no financieros, o mediante deuda pública. Basta con que posteriormente el Consejo de Ministros remita al Congreso un proyecto de ley para que la cámara lo valide, de forma similar a la operativa que el propio Pedro Sánchez articuló para los «viernes electorales» de sus primeros meses de Gobierno, como recuerda Rotellar. Una sucesión de promesas de corte social, como la extensión de los subsidios de paro, cuyo coste llegó a cifrarse en más de 3.000 millones de euros. «Basta un Real Decreto-ley para aprobarlo», subraya Rotellar.

Basta con un crédito extraordinario y un Real Decreto-ley para aprobar las ayudasJosé María Rotellar

Para Izquierdo «la clave es priorizar estas partidas sobre el resto. Y estas figuras de credito extraordinario y suplementos de credito son de utilizacion habitual en la gestion presupuestaria incluso para casos y circunstancias menos urgentes y prioritarias que las derivadas de una catastrofe humanitaria».

«Nuestros votos serán para que las víctimas reciban la ayuda suficiente para salir adelante y se reconstruyan los sectores productivos de las zonas afectadas», insistieron ayer desde el Partido Popular, que reclama un Plan Valencia para tratar las ayudas de forma específica en el Congreso. «De lo que se trata es de que los valencianos puedan recuperar lo que aún es recuperable, no de que Sánchez «esté bien». Que deje de pensar siempre en su interés».

Pero además, prácticamente a la vez que comparecía el presidente del Gobierno, desde la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) venían a desmentir el segundo argumento del Sánchez, el de que el paquete de ayuda afectará al déficit. «Hay mecanismos para que este impacto no se tenga en cuenta», afirmaba la presidenta del organismo, Cristina Herrero.

«Cuando ocurre algo que escapa del control de las Administraciones públicas hay instrumentos para que no se tengan en cuenta para la valoración de la situación fiscal», afirmó Herrero, durante un encuentro con periodistas para presentar precisamente la evaluación del organismo del Plan Fiscal Estructural del propio Ejecutivo. La presidenta de la AIReF puso como ejemplo el terremoto de Lorca, en Murcia, cuyas ayudas quedaron excluidas de la posterior evaluación fiscal a petición entonces de la comunidad autónoma de Murcia.

Un precepto que, según corrobora Rotellar, viene recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dicha ley contempla un tratamiento distinto en el supuesto de déficit por circunstancias excepcionales, mencionando, además de una recesión económica, el supuesto de una catástrofe natural). En estos casos, dice la ley, deberá presentarse un plan de reequilibrio que permita volver al equilibrio, detallando las medidas adecuadas para hacer frente a las consecuencias presupuestarias derivadas de estas situaciones excepcionales.

«Las partidas de ayudas previstas normalmente supondrían un mayor deficit, pero dadas las circunstancias que lo provocan sería previsiblemente considerado como un »one-off« extraordinario y puntual que se descontará de cara a la evaluacion de la sostenibilidad de nuestras finanzas publicas», añade Gregorio Izquierdo, del IEE.

La propia Comisión Europea ofreció ayer, después de que España solicitara formalmente la ayuda al Fondo Europeo de Solidaridad, más margen fiscal a España para afrontar la emergencia. «Existen disposiciones específicas para hacer frente a situaciones de emergencia», recordó el vicepresidente económico comunitario, Valdis Dombrovskis, quién afirmó también que existe la posibilidad de reasignar partidas de los fondos de cohesión y del plan de recuperación y resiliencia.

Hasta 60.000 euros por vivienda y 72.000 por incapacidad

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un primer paquete de medidas urgentes incluyendo ayudas directas, exenciones y moratorias de impuestos, así como avales, informa Claudia Cid. Las ayudas incluyen hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros por vivienda afectada, hasta 10.300 euros para muebles y enseres dañados, y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos.

Las empresas dañadas por la catástrofe recibirán una ayuda de entre 10.000 y 150.000 euros en función de su volumen de operaciones y los autónomos percibirán un pago de 5.000 euros. Estas ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, según confirman desde Hacienda. De la misma forma, se declaran exentas del IRPF todas las ayudas por daños personales percibidas por los afectados por la DANA.

Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros empezará a abonar este mismo miércoles las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo, que serán un 20 % superiores al valor de tasación del coche. Entre las medidas fiscales, se retrasa durante tres meses el segundo pago de la declaración del IRPF para los contribuyentes valencianos cuya declaración salió a pagar, así como moratorias y exenciones en el IBI, Impuesto de Actividades Económicas o tasa de tramitación de las bajas de los vehículos. Las ayudas por daños personales quedan exentas de tributación en el IRPF. Asimismo, se reducirá el IRPF y el IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada.

Los ciudadanos y las pymes de las zonas afectadas con una hipoteca o un préstamo al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses, y pagar solo intereses durante 9

Además, el Ejecutivo aprobó una nueva línea de avales, denominada ICO-DANA, con 5.000 millones de euros para que pymes, autónomos y también familias, como novedad, puedan solicitar créditos avalados por el Gobierno para hacer frente a los gastos sufridos por la catástrofe.

El Gobierno también ha aprobado la creación de una nueva figura, denominada Incapacidad Temporal (IT) extraordinaria, para garantizar el cobro del 75 % del salario, desde el primer día, a los trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos causados por la DANA.

Sánchez ha explicado además que los trabajadores autónomos podrán solicitar una prestación por cese de actividad, que corresponderá al 70 % de su base de cotización, aunque no hayan cumplido los 12 meses mínimos exigidos por la ley para acceder a ella.

Este martes el presidente valenciano Carlos Mazón exigió a Moncloa un paquete de ayuda de 31.400 millones de euros, con 136 medidas para la reconstrucción de Valencia. El Consell ha aprobado una línea de ayudas de 6.000 euros para las casas afectadas por la riada que se podrán tramitar antes de que acabe la semana; y otra línea para cubrir gastos de urgente necesidad dotada con hasta 200.000 euros.

En paralelo, los principales bancos, agrupados en las entidades AEB, CECA y Unacc, han llegado a un acuerdo para que los ciudadanos y las pymes de las zonas afectadas que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo puedan posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses, y pagar solo los intereses durante los 9 meses adicionales. Según cuantificó ayer el Banco de España, los datos relativos a los códigos postales de las zonas afectadas indican que se verán beneficiados 23.000 empresas (90 % pymes) y 472.000 personas titulares de créditos. Dentro de estas últimas, algo más de 150.000 serían titulares de un préstamo para vivienda.