El cupo catalán abrirá un agujero de hasta 13.000 millones al Estado para afrontar otra DANA

Hasta la fecha, y a la espera del detalle de lo que se apruebe el próximo lunes en un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno ha comprometido 10.600 millones en ayudas a los afectados por la catastrófica DANA que ha arrasado varias provincias, en particular Valencia.

La cifra se sitúa en el centro de la horquilla que, según los expertos, detraerá del Estado el cupo comprometido entre el PSOE y ERC para Cataluña. Según las estimaciones de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, el cupo catalán supondrá que el Estado deje de percibir entre 6.600 y 13.200 millones de euros.

«A la administración central no le sobra el dinero y ya tiene un déficit muy importante. Si no contamos como país con suficientes recursos, no vamos a poder afrontar como país choques asimétricos como lo que ha ocurrido en Valencia», alerta Santiago Lago Peñas, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.

El experto pone además el acento en el daño que la transferencia de recursos a la comunidad autónoma supondrá para la prestación de servicios fundamentales a cargo de la Administración General del Estado, como la defensa, las infraestructuras o la seguridad ciudadana. Y argumenta que, de aplicarse, debería llevar aparejado también una transferencia de deuda el Estado a las comunidades autónomas, dado que, al perder recursos, el Estado perderá también credibilidad ante sus acreedores.

Lago Peñas defendió este viernes en el Senado que el pacto entre PSOE y ERC «nos sitúa sin ningún lugar a dudas en un escenario de concertación tributaria. Es un concierto», algo que desde el PSOE se han afanado en negar, con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en cabeza.

El acuerdo firmado entre PSOE y ERC supone incrementar la financiación de Cataluña entre un 25 y un 50 %. Ello supondría que la Hacienda catalana aumentara sus ingresos en entre 5.300 y 9.000 millones de euros, en función de si la aportación que la Generalitat pactara con el Estado —lo que en el caso vasco se denomina cupo y en el navarro concierto— se calculará en función del PIB o de la población.

Entre los expertos hay consenso en la necesidad de abordar una reforma de la financiación autonómica. El actual sistema penaliza de forma arbitraria a comunidades como la valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha. Pero no a Cataluña, cuya financiación, de acuerdo con Fedea, se sitúa justo en la media nacional por habitante ajustado. Algo en lo que coincide incluso Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el think tank del Ministerio de Hacienda, nombrado por Montero en 2018.

Cuenca considera que «no hay un déficit injusto» con Cataluña. «Las comunidades autónomas que tienen una renta, un PIB superior a la media, contribuyen y las que tienen un PIB inferior a la media reciben dentro de lo normal. No hay ningún déficit injusto, no lo hay», dijo en el Senado.

Para Cuenca, «la solución pasa por mejorar gradualmente la financiación de las autonomías peor financiadas. En esta línea debe interpretarse el acuerdo PSC y ERC en lo referido a la ordinalidad». Para Cuenca, «en nuestro sistema solo cabe una reforma del sistema de financiación, con las singularidades que se prevea. Por ejemplo, la insularidad. Pero trocear los sistemas de financiación no cabe y, por tanto, no está sobre la mesa». Lo firmado entre PSOE y ERC «solo es un acuerdo político» cuyo detalle «no conozco», añadió durante su intervención.

Una transferencia decreciente

Otro problema de extender a Cataluña un modelo similar al vasco, según Lago Peñas, es que la aportación de la comunidad autónoma puede variar e ir reduciéndose con el tiempo, como ya dejó entrever el anterior presidente catalán, el republicano Pere Aragonès. «Una cosa es la nivelación del primer año y otra la que puedas tener en cinco, diez o quince años. Y hemos visto en el pasado que la necesidad de lograr acuerdos en las Cortes puede hacer que se revisen a la baja acuerdos de contribuciones. Esto es una incógnita».

Para el catedrático, también investigador senior de Funcas y miembro del Libro Blanco sobre reforma tributaria que el Gobierno encargó y nunca llegó a aplicar, el pacto construye una lógica «próxima al sistema foral» existente con País Vasco y Navarra. «La diferencia con el sistema foral es la apelación expresa a la nivelación interterritorial; y que las competencias propias de la Generalitat en materia normativa estarían pendientes de definir», afirmó.

Reforma de la financiación autonómica

No es la primera vez que los expertos alertan del riesgo de extender fórmulas similares al cupo (reconocido por la Constitución) a otros territorios. La base del cuestionamiento se sitúa en la insuficiencia de la aportación vasca y navarra a las arcas comunes, y también a la opacidad que cubre el cálculo de los importes que transfieren al Estado.

«El cupo es un acuerdo político. En un mundo en el que todo ha cambiado en 40 años, la aportación sigue siendo la misma. Si esos parámetros respondieran a cualquier variable económica, habrían cambiado. Pero ni lo han hecho ni está previsto que lo hagan», cuestionaba durante el reciente congreso de los inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Otros expertos como Francisco de la Torre ponen también sobre la mesa el agujero en la recaudación tributaria que se produce en los territorios forales, en particular en la recaudación del IVA.

Partir la AEAT, «un desastre total»

La presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, puso también en cuestión la posible partición de la Agencia Tributaria que se desprende del pacto entre PSOE y ERC. «La agencia tributaria funciona, y romperla es abocar a España a un desastre total. Habrá menos eficacia y más fraude», anticipó, también durante su intervención en el Senado.

Los inspectores de Hacienda temen que el acuerdo entre los socialistas y los republicanos, del que sigue sin conocerse la letra pequeña cuatro meses después de la firma, se materialice en 17 agencias autonómicas con escasa coordinación. Ello provocaría, a su vez, problemas a los contribuyentes, en especial si residen en una comunidad autónoma diferente a aquella en la que está domiciliada su empresa.

Igualmente, afirman desde IHE, pondría obstáculos a las compañías que operen en varias autonomías y supondría retrasos a la hora de cobrar los reintegros tributarios. También un freno para perseguir fraudes que afectan a varias autonomías, como las tramas del IVA. «Es una ruptura que va en contra de la globalización y un paso atrás», cuestionó De la Herrán.