Sede de la Agencia Tributaria de Cataluña
Sánchez y la Generalitat dan el primer paso para que el fisco catalán asuma las competencias de la Agencia Tributaria
Estado y gobierno regional cran un grupo de trabajo conjunto para reforzar la ATC. Los inspectores de Hacienda hablan de «desastre total» para España
El Gobierno central y la Generalitat han puesto en marcha los trámites para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con vistas a que asuma los impuestos que se recaudan en Cataluña, labor hasta ahora en manos de la AEAT.
Ambas administraciones han acordado crear un grupo de trabajo conjunto, según ha adelantado La Vanguardia y confirma el gobierno autonómico a Efe. Estará formado por ocho personas, cuatro de la conselleria que lidera Alícia Romero, y otros cuatro del Ministerio de Hacienda. Además, participarán dos altos cargos del Departament y otros dos de la ATC.
El ejecutivo catalán ya ha creado en Cataluña un grupo que debe diseñar e implementar el nuevo modelo de financiación de la Generalitat, coordinado por el economista Martí Carnicer. El Govern tiene previsto además nombrar en breve a Andreu Navas como nuevo director de la ATC.
El acuerdo entre PSOE y ERC para investir a Salvador Illa supone entregar a la comunidad el 100 % de los impuestos, algo que arrancará en 2026 con el IRPF. Ello obligará a un importante refuerzo en personal de la ATC. El propio Illa afirmó recientemente que será necesario cuadruplicar sus efectivos, lo que supondrá que su plantilla alcance los 3.400 empleados.
Un «desastre total» para España
Este mismo viernes la presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, puso en cuestión la posible partición de la Agencia Tributaria que se desprende del pacto entre PSOE y ERC. «La agencia tributaria funciona, y romperla es abocar a España a un desastre total. Habrá menos eficacia y más fraude», anticipó, también durante su intervención en el Senado.
Los inspectores de Hacienda temen que el acuerdo entre los socialistas y los republicanos, del que sigue sin conocerse la letra pequeña cuatro meses después de la firma, se materialice en 17 agencias autonómicas con escasa coordinación. Ello provocaría, a su vez, problemas a los contribuyentes, en especial si residen en una comunidad autónoma diferente a aquella en la que está domiciliada su empresa.
Igualmente, afirman desde IHE, pondría obstáculos a las compañías que operen en varias autonomías y supondría retrasos a la hora de cobrar los reintegros tributarios. También un freno para perseguir fraudes que afectan a varias autonomías, como las tramas del IVA. «Es una ruptura que va en contra de la globalización y un paso atrás», cuestionó De la Herrán.