España cierra sus centrales nucleares mientras Europa apuesta por más reactores
El PP trata de tumbar en el Congreso el cierre de las centrales nucleares
Lleva a votación la supresión del artículo de la Ley de Cambio Climático que prohíbe solicitudes de nuevas instalaciones
El PP ha propuesto en el Congreso extender la vida útil de las siete centrales nucleares existentes en España, así como una reforma legal para que se permita la apertura de nuevas instalaciones al entender que esta energía es una «pieza estratégica» para el equilibrio del sistema eléctrico y juega un papel «fundamental» en la transición ecológica.
Mediante una proposición no de ley registrada para su debate en el Pleno, el Grupo Popular defiende que la energía nuclear es desde hace décadas «una fuente constante y fiable de electricidad». Según datos de Red Eléctrica (REE), en 2023 las centrales generaron el 20,3% de la electricidad consumida en España con solo el 6% de la potencia instalada.
La formación de Alberto Núñez Fejóo subraya que el reciente estudio de la Comisión Europea sobre el futuro de la competitividad europea, conocido como informe Draghi, ha reconocido la energía nuclear en su taxonomía de inversiones sostenibles, destacando su importancia en la transición hacia una economía libre de carbono.
Sin embargo, el PP lamenta que España es el único país del mundo que ha rechazado mantener su parque nuclear y ampliar su vida útil bajo criterios de seguridad energética. En concreto, el Gobierno pretende el cierre de todos los reactores nucleares entre 2027 y 2035. Unos cierres, dice el partido, que implicarían la pérdida de entre el 50% y el 70% de los ingresos de municipios cercanos a las centrales y afectaría a una industria que da empleo a unas 28.500 personas.
Mantener las centrales
En este contexto, el PP insta al Gobierno a extender la vida útil de las centrales nucleares, en el marco de la normativa europea, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear y los titulares de las instalaciones y atendiendo a criterios técnicos y económicos.
A esto se suma una petición para promover las iniciativas legislativas necesarias para derogar el artículo 10 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es el que prohíbe la admisión de nuevas solicitudes de permisos de exploración, investigación o concesiones directas de explotación cuando los recursos extraídos lo sean mediante propiedades radiactivas, fisionables o fértiles.
En este artículo también se prohíbe la admisión de nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de minerales radioactivos.
Sostenibilidad económica
Al margen de esta reforma legal, el PP quiere que se facilite la sostenibilidad económica de las instalaciones nucleares, de modo que refleje el papel fundamental de esta tecnología en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico «seguro y estable» y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En otro punto de la proposición no de ley, la formación de Alberto Núñez Feijóo pide que se promueva un diálogo comprometido con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas que se verían afectadas por el cierre de las siete unidades nucleares en España, así como con los diversos sectores económicos que también sufrirían su impacto.
Asimismo, el Grupo Popular quiere solicitar informes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) en los que se evalúe el impacto económico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la garantía del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Por último, el PP insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento europeo de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas, que incluye tecnologías de energía nuclear; así como revisar el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y el Protocolo de cierre de las centrales nucleares aprobado en marzo de 2019, con audiencia y participación de las empresas titulares.
