Las insidias de Yolanda Díaz contra las empresas, el despropósito que faltaba en la tragedia de la DANA

No hacía falta que un puñado de entidades de la izquierda convocaran una manifestación contra Carlos Mazón y que Pedro Sánchez también se convirtiera en diana de los gritos y pancartas para disgusto de los organizadores. Casi dos semanas después, nadie duda que la gestión de la tragedia de la DANA será recordada por una cadena de despropósitos de una y otra Administración que nunca perdonarán los valencianos. Ni ellos ni nadie. El primer aldabonazo pasa por la evidencia de que sin tanta ineptitud se podían haber evitado muchas muertes. Y a partir de ahí, viene todo lo demás. Y en lo demás entran las insidias de Ione Belarra y Yolanda Díaz contra los empresarios en un momento de extraordinario dolor e incertidumbre. Poco tardó la líder de Podemos en aprovechar la catástrofe para acusar a los negocios de «criminales» por mandar a trabajar a sus empleados una vez que se habían producido las alertas. Por supuesto, la exministra de Sánchez no aportó ninguna prueba y aún se vino arriba señalando a Mercadona, Inditex, Ikea o Coca-Cola y exigiendo que se les impongan «sanciones ejemplares».

Es difícil imaginar mayor mezquindad teniendo en cuenta que las empresas cogieron el toro por los cuernos desde el mismo 29 de octubre, en contraste con la vergonzante inacción de los políticos. Grandes, medianas y pequeñas; de todos los sectores. Imposible enumerar aquí los empresarios y directivos que están proporcionando a los damnificados donaciones de productos básicos, apoyo logístico y ayuda financiera. «Se nos necesita y no podemos fallar. Hay momentos que nos ponen a prueba y exigen que respondamos», dejó escrito en una carta abierta el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, expresando el sentir de tantos.

Lo peor es que después de Belarra llegó Yolanda Díaz amenazando al tejido empresarial valenciano con la Inspección de Trabajo, ya que, según ella, «hay empresas que están obligando a las personas a ir a trabajar en situaciones imposibles». Aunque a nadie pueda sorprender ya su sectarismo, no deja de ser un escándalo que la vicepresidenta segunda del Gobierno mande a los inspectores a pueblos que no tienen todavía ni los suministros más básicos porque el fango impide hasta andar por las calles. El meme se dibuja solo: ¿acaso va a llegar antes la Inspección que el Ejército?

El meme se dibuja solo: ¿acaso va a llegar antes la Inspección que el Ejército?

Amenazas a un lado, Díaz anunció con grandilocuencia el «escudo laboral» que va a impulsar el Ejecutivo para los afectados por la DANA. A saber: se facilitará el ERTE de fuerza mayor con obligación del mantenimiento de empleo, no se despedirá a quien se ausente de su puesto de trabajo por las consecuencias de la riada y se recuperará el llamado ‘Plan Me Cuida’, entre otras medidas. Se retoman, en fin, muchas de las decisiones que se adoptaron durante la pandemia. Cómo no se parecerán, que la ministra confundió una crisis con la otra protagonizando uno de esos lapsus suyos que se viralizan en las redes sociales para pitorreo de sus haters.

Hay una medida, en todo caso, en la que conviene detenerse porque sus efectos pueden ser desastrosos: la concesión de un permiso retribuido del 100 % del salario para los trabajadores afectados por las inundaciones, que deban cuidar a un familiar, sufran problemas de movilidad o tengan dificultades de conectividad para teletrabajar. «Cuando el Covid podía tener sentido, pero ahora no», opina el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Para variar, la ministra de Trabajo olvidó consultarlo con la patronal, dicho sea con ironía, antes de lanzar un titular que compromete a las empresas a hacer algo que no todas podrán. Lo de siempre: el Gobierno decreta con el dinero de los empresarios.

Tras el letargo de los primeros días, en fin, el Consejo de Ministros se reúne este lunes con carácter extraordinario —esta vez sí— para completar el paquete de ayudas a los damnificados de la DANA. A la espera de novedades, se ha aprobado una línea de avales del ICO dotada con 5.000 millones de euros y se destinarán otros 838 millones a empresas y autónomos en forma de subvenciones directas. Queda por ver si se solucionará el problema de los miles de transportistas, taxistas o agentes comerciales cuyos vehículos resultaron dañados en ruta, pero que no tienen acceso a las ayudas del primer paquete porque su domicilio fiscal se ubica fuera de los municipios que figuran en el BOE. Ya veremos, pero a priori tranquiliza saber que el ministro Carlos Cuerpo está en contacto permanente con los agentes económicos para conocer de primera mano sus necesidades, como le ha agradecido la CEOE.

Empresas afectadas aseguran que Díaz «demuestra estar muy lejos del drama que están sufriendo las empresas valencianas»

Cosa distinta sucede con Yolanda Díaz, que «demuestra estar muy lejos del drama que están sufriendo las empresas valencianas». La queja es de Anged, que asegura que la prioridad desde el minuto uno ha sido garantizar la seguridad de sus empleados. Por eso le han dolido tanto las últimas diatribas de la líder de Sumar. «Deberían dejar los temas serios en manos de quienes saben cómo funcionan las cosas y dedicarse únicamente a sus frivolidades comunistas», me dice en privado un empresario de la patronal de la gran distribución. Y eso me lleva a pensar en la última de la vicepresidenta: exigir una paga vitalicia de 825 euros mensuales para las personas LGTBI perseguidas por el franquismo. Además de atacar a los empresarios, en eso está la muleta que todavía mantiene en pie la coalición del Gobierno. ¿Qué les parece?