El gobierno socialista de La Rioja concedió una subvención encubierta a un centro logístico

El anterior equipo de Gobierno de La Rioja liderado por Concha Andreu, muy cercana a Pedro Sánchez, aprobó una especie de subvención encubierta por valor de 3,65 millones de euros a la Fundación Ciudad del Envase y del Embalaje (fundación pública del Gobierno de La Rioja), que construiría para el operador Transportes Royo un potente centro logístico ubicado a 40 kilómetros de Logroño.

Tanto la auditora KPMG como el Consejo Consultivo de La Rioja, dirigido por el expresidente socialista en la región José Ignacio Pérez, han detectado irregularidades en la gestión.

Transportes Royo, originariamente navarra, compró en el primer semestre de 2021 una nave industrial en el Polígono Industrial El Sequero con la idea de convertirlo en el Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR). Además de seguir desarrollando su actividad de transporte de mercancías por carretera, le permitiría acceder al transporte de mercancías por ferrocarril. Se trataba de una iniciativa puramente privada.

El Gobierno de la Rioja, en su Consejo de Gobierno, declaró el proyecto de Royo de interés estratégico para su región el 23 de marzo de 2022. Los trámites administrativos se reducirían y acelerarían y las inversiones se beneficiarían «de las primas de intensidad de ayuda que pudieran establecerse en las correspondientes bases regulatorias y/o convocatorias de las subvenciones, en los términos establecidos por las mismas».

La Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje es una organización sin ánimo de lucro que se constituyó el 9 de diciembre de 2021. Se trata de una fundación pública del Gobierno de La Rioja que se creó para impulsar el proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje y, en concreto, la puesta en marcha del Centro Nacional de Tecnologías del Envase, dedicado al I+D+i y al escalado industrial de soluciones para la industria.

Un mal engarce

Hasta aquí, todo parece más o menos normal, incluso positivo: una empresa (Royo) que se compromete a invertir (en principio, 11,7 millones de euros), un proyecto de interés para la comunidad autónoma y un gobierno regional que lo apoya. El problema es que no se ha hecho de acuerdo con la ley.

La Fundación llegó a un acuerdo con Royo para subrogarle la ejecución de la obra que estaba llevando a cabo la compañía en los terrenos de su propiedad: la construcción de una terminal intermodal. La Fundación sería la que construiría el CLIR bajo la figura del derecho de superficie. Este derecho de superficie tendría una duración de treinta y tres años. Transcurrido este plazo, la edificación revertiría y pasaría a ser propiedad de Royo, el dueño del suelo.

La construcción debería llevarse a cabo en tres años y la Fundación y Royo estimaron que la construcción del centro logístico (puerto seco) con todas sus instalaciones ascendería a 3.650.000 euros. Finalizado el contrato de treinta años establecido entre ambas entidades, el uso del centro logístico pasaría a Royo sin tener que pagar renta, retribución ni emolumento alguno. Royo tendría que abrir el uso a otras empresas o usuarios a cambio de una tarifa que deberá ser competitiva en el mercado.

Tras la celebración de los contratos entre las dos entidades el 3 de junio de 2022, el Gobierno de La Rioja y la Fundación suscribieron el 30 de diciembre de 2022 una adenda al Convenio de 23 de diciembre de 2021 por el que el Gobierno de La Rioja elevaba desde los 3 millones de euros inicialmente previstos a 3.650.000 euros el importe por el que las actuaciones de la Fundación serían financiadas en el ejercicio 2022 a cargo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Al margen de la Ley de Subvenciones, y en posible competencia desleal

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo Consultivo debía examinar una operación jurídica compleja conformada por dos contratos que entrañan la adquisición por la Fundación de un derecho real de superficie sobre un terreno; la adquisición por parte de Royo de un derecho de uso gratuito, durante un periodo de treinta años, en virtud de un préstamo de uso o comodato de las instalaciones construidas sobre ese terreno, y el compromiso de la Fundación de construir una terminal intermodal con un presupuesto de 3.650.000 euros para entregarla a Royo.

La auditora KPMG llegó a una serie de afirmaciones que suscribe el Consejo Consultivo: «(...) eventual incumplimiento o desajuste en relación con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico» «La operación global realizada constituye un acto de enajenación y gravamen de patrimonio de la Fundación, que incumple lo previsto al respecto de la normativa de fundaciones» «La operación en su conjunto es, desde un punto de vista material, una subvención, si bien no se ha aplicado la normativa en dicha materia, pudiendo, por lo demás, llegar a considerarse una ayuda de Estado». Como conclusión, señala que, «a juicio de este Consejo Consultivo, la actuación de la Fundación sometida a dictamen implica en su conjunto la concesión de una subvención en especie sin respetar las reglas de la ley General de Subvenciones».

La situación ha dado lugar a la imposición de una querella por parte de la patronal del transporte de mercancías de La Rioja, por considerar que Royo les está haciendo competencia desleal. El futuro de la instalación está a expensas de lo que se decida en las instancias jurídicas.

Una obra de 1,5 millones certificada antes de tiempo

Las autorizaciones y las facturas emitidas por Transportes Royo tienen un orden poco convencional.

Como puede verse en las facturas que hay sobre estas líneas, accesibles en el Portal de Transparencia, Transportes Royo pide la licencia urbanística para la fase dos de la terminal intermodal (el puerto frío) el 24 de mayo de 2022 y se la conceden el 22 de junio.

Antes, el 2 de junio, emite una factura para que la Fundación le pague 46.720 euros por Servicios Hormigones Angulo. Señalan que olvidaron incluirla en la factura fechada el 21/06/2022, correspondiente a la inversión en la construcción de la vía de tren en el Polígono El Sequero, por la que la fundación también debía abonarle un importe de 1,5 millones de euros.

En esta factura del 21 de junio de 2022, un día antes de la aprobación de la licencia de Fase 2, Royo emite factura para que la Fundación le pague 1,5 millones por la inversión en la vía del tren de la terminal y dicen que la fase 1 y 2 están realizadas según certificado del ingeniero del 1 de junio de 2022. Como decíamos más arriba, la licencia para la fase 2 se solicitó el 24 de mayo de 2022 y se concedió oficialmente el 22 de junio de 2022. Según la documentación oficial, certifican el final de las obras veintiún días antes de que se concediera la licencia, aunque al parecer la licencia de obras se concedió realmente el 22 de mayo de 2022. En cualquier caso, parece muy poco tiempo entre ambas fechas.

En la factura del 31/12/2023 se puede ver también cómo Royo emite una factura a la fundación por cederle el uso, aunque esta empresa pública ni ha utilizado el centro intermodal ni ha empezado nunca a operar.

Entre las facturas hay hechos poco habituales, como que alguien certifique una obra de 1,5 millones de euros antes de que se apruebe la licencia o tan solo unos días después.