La cifra que separa al Gobierno de las aseguradoras para salvar Muface
El Gobierno ha incrementado un 17,2 % la cuantía total de la contratación para los próximos dos años, pero para las aseguradoras no ayuda a combatir las pérdidas que todos los años les genera esta cobertura
La caída de Muface costaría 1.000 millones anuales al sistema público y cerrarían hospitales en 19 provincias
El Ministerio de Función Pública ultima una licitación exprés para Muface después de que las aseguradoras que prestaban asistencia sanitaria a un millón y medio de funcionarios dejasen desierta la licitación del convenio para 2025-2026 por considerar insuficiente la oferta fijada por la Administración.
Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado es un organismo público que se encarga de prestar asistencia sanitaria y social a los funcionarios adscritos. Se creó en 1975 para unificar el panorama mutualista de los funcionarios, ya que existían unas 65 mutualidades diferentes. Esta fórmula, entre otras cosas, permite a los empleados públicos a recibir atención médica a través de sistema público o de escoger una asistencia en la sanidad privada, bajo el paraguas de tres aseguradoras: Asisa, Adeslas y DKV. Actualmente un 67,2 % de los funcionarios opta por esta segunda opción, según un informe publicado por el Ministerio de Sanidad.
El coste sanitario por mutualista, de media, es de 1.013 euros, 723 euros inferior si se compara con lo que se invierte en el régimen general –1.736 euros–, según un informe reciente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Datos que muchos usan para defender la continuidad de Muface.
El Consejo de Ministros del pasado 8 de octubre acordó incrementar la cuantía total de la contratación a más de 1.337 millones de euros en 2025 y a más de 1.344 millones en 2026. En total son más de 2.681 millones, lo que supone una subida del 17,12 % para los dos próximos años. La respuesta de las empresas ha sido negativa y han rechazado seguir formando parte de Muface porque esa cantidad no ayuda a combatir las pérdidas que todos los años les genera esta cobertura. Pero ¿Qué cifra exacta es la que piden las aseguradoras para continuar formando parte del concierto?
Lo cierto es que no se ha dado a conocer ninguna cifra concreta. Fernando Campos, consejero delegado de DKV, aseguró hace unos días, en una entrevista dada a Cinco Días, que hacía falta una subida en las primas del 40 %. Adeslas, a pesar de todas las cifras que están saliendo estos días, nunca ha hecho pública la cantidad que le piden al Gobierno, tal y como han confirmado fuentes de la aseguradora a El Debate. Asisa, por su parte, no ha pedido ninguna cantidad. De hecho, quiere seguir en el concierto, pero para ello necesita a otras aseguradoras, porque no podría hacer frente a los 1,5 millones de mutualistas ella sola.
Según Función Pública, la prima media por mutualista al año, actualmente, es de 1.032,12 euros. Si se tiene en cuenta el porcentaje solicitado por DKV, la prima media por mutualista ascendería en 412,85 euros hasta los 1.444,97 euros. En total, Muface tendría que pagar más de 619 millones de euros que el concierto actual.
¿Y ahora qué?
De momento, las aseguradoras tendrán que seguir atendiendo a los mutualistas hasta febrero, aunque no renueven el acuerdo, tal y como se detalle en los pliegos técnicos del actual concierto en vigor, que finaliza el 31 de diciembre. Y el Gobierno deberá desembolsar 100 millones de euros a estas empresas para cubrir los costes de enero.
Luego, ese millón y medio de personas debería pasar a formar parte del sistema público de salud, algo que supondría un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS), según un informe realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española).
Las empresas aseguradoras, por su parte perderían un 18 % de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios perderían un 8 % de sus ingresos. Esto, según estiman, supondría el cierre de muchos centros hospitalarios. En concreto, un total de 19 provincias verían reducida su oferta hospitalaria.