El plan de ajuste de Sánchez, más populismo que fuerza recaudatoria

La Comisión Europea, en sus previsiones de otoño, si bien modifica al alza la perspectiva de crecimiento de España y considera que en 2024 cumplirá con su objetivo de déficit, señala algunas cuestiones inquietantes, que no es otra que la dificultad que tiene España para cumplir con sus compromisos de estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo.

Así, la Comisión Europea advierte de que sin plan de ajuste fiscal no podrá lograr España su compromiso de estabilidad presupuestaria. Este plan ha sido planteado, además, por el Gobierno desde la demagogia, pero con grandes dificultades para sacarlo adelante. De momento, el impuesto a las energéticas, contemplado en el plan enviado a Bruselas, no parece que pueda salir adelante, y el resto de figuras impositivas son más populistas que de fuerza recaudatoria. De hecho, la Comisión Europea cree que en 2026 repuntará el déficit público al 2,7 %. Eso son seis décimas más que las estimadas por el Gobierno, con lo que el desajuste es de unos 10.000 millones de euros.

Esto dificulta la posición de España. Tras el restablecimiento de las reglas fiscales en la UE, los países con desajustes estructurales en sus cuentas, como es el caso de España, deben enviar a Bruselas una relación de los ajustes a adoptar para corregir la situación, con fecha límite del veinte de septiembre para el primer envío.

En septiembre, el Gobierno debería haber remitido remitir los ajustes presupuestarios que propone a Bruselas para ir corrigiendo los desequilibrios de la economía española. Sin embargo, solicitó una prórroga para enviarlo en octubre, cosa que hizo entonces, tras presentarlo en Consejo de Ministros.

El contenido del informe es propagandístico, que tapa la verdadera imagen estructural de la economía española, cuyo componente estructural ha quedado muy deteriorado tras este sexenio de incremento ingente de gasto, déficit y deuda públicas, conveniente maquillados déficit y deuda al ofrecerse en porcentaje sobre el PIB, ya que el incremento del PIB nominal debido a la inflación y, sobre todo, a la revisión extraordinaria de una profundidad sin precedentes por parte del INE, que inyectó más de 35.000 millones de euros en la revisión, elemento que suaviza artificialmente el verdadero peso de la deuda en valores absolutos.

Así, el documento del Gobierno destaca un fuerte incremento del PIB nominal desde 2020, pero no ofrece la cifra de 2019, tras la caída abrupta como consecuencia del coronavirus, con lo que dicho crecimiento se basa en tres pilares: efecto rebote, inflación y revisión extraordinaria del PIB. Del mismo modo, señala una fuerte caída de la deuda, pero no la ofrece en valores absolutos, cuando ha crecido más que el PIB nominal, de manera que la propia economía española se ha empobrecido, que tiene su reflejo final en la caída de PIB per cápita en paridad del poder de compra en relación con la media de la UE.

En cuanto a la evolución del gasto primario que se propone, en una media del 3 % entre 2025 y 2031 sugiere dos cosas: la primera, que sigue siendo un crecimiento muy elevado, al partir desde unos niveles muy altos y difícilmente sostenible. La segunda, que no parece creíble que no se incremente más, dado el incremento del carácter estructural del gasto que se ha producido en el último sexenio, por mucho que no se incluyan los intereses de la deuda. Siendo un problema el capitulo III, el mayor problema es el del gasto primario, que se ha convertido en su mayor parte en estructural.

En cuanto a la evolución de la deuda pública, su reducción sigue fiándose sólo al incremento del PIB, ya que mantiene una senda de déficit hasta 2031, con lo que si hay déficit, hay incremento global de deuda, de manera que el compromiso con la estabilidad presupuestaria es sólo aparente y muy optimista, pues no parece que con el ritmo de incremento de gasto vaya a poder reducirse, por mucho que crezca el PIB, el déficit de la manera como plasman.

La realidad es que la deuda sigue creciendo, pues mientras haya déficit así lo hará en valores absolutos, elemento que el Gobierno camufla bajo el cociente sobre el PIB, gracias al incremento del PIB nominal antes comentado, que le lleva a decir que hay variación de la deuda bruta de manera descendente, cuando es falso, ya que lo que desciende es el cociente sobre el PIB, que es sobre lo que calcula la variación el Gobierno, no sobre la deuda bruta en valores absolutos.

De la misma manera, la previsión de crecimiento potencial del PIB, aun siendo optimista desde los niveles actuales, muestra una clara insuficiencia para el desarrollo estructural de la economía española.

Poner énfasis en que será la productividad uno de los elementos que impulsarán el crecimiento del PIB potencial parece muy optimista, cuando la política económica aplicada en el último sexenio ha hecho que la productividad retrocediese.

Además, afirmar que la inversión va a recuperar unos niveles de dinamismo importantes, que impulsarán a la economía, cuando sólo ha podido recuperar el nivel previo a la pandemia a golpe de revisión estadística extraordinaria y tras cuatro años, refleja claramente lo poco realista de ese supuesto.

En cuanto a las reformas, mucho humo y mucho espíritu confiscatorio en cuanto a su mencionada reforma fiscal, que sólo puede significar más incremento de impuestos para sostener el nivel de gasto que quieren presupuestar en el futuro, reforzado por el comentario del presidente del Gobierno donde decía que queda margen para incrementar la presión fiscal en España, que si está más baja se debe a incremento del PIB, no a que haya impuestos bajos, como demuestra el índice de esfuerzo fiscal, más ortodoxo. Ese nivel de gasto primario –con intereses será mayor– crecerá casi un 30 % en los siete años, incrementando el carácter estructural del mismo, que perjudica a la economía, y que llevará a imponer nuevas subidas de impuestos.

Esa subida de impuestos adicional se acerca a casi 5.000 millones de euros, con el mantenimiento estructural de los impuestos a la banca y energéticas. Quizás el presidente de algún banco que tanto ha tratado de congraciarse con el Gobierno destacando «la solidez de la economía española» tenga ahora oportunidad de explicarles a sus accionistas las bondades que esgrime el Gobierno para mantener dicho impuesto, estando en el aire el de las energéticas, que parece que se retirará definitivamente.

Además, sus ingresos los calcula sobre la base de tomar como punto de partida los de años anteriores, que estuvieron incrementados por el efecto de la inflación, por ese doble impuesto que el Gobierno cobraba a los ciudadanos a través del efecto de la inflación, especialmente a las clases más desfavorecidas, que son las que tienen mayor propensión marginal a consumir y las que, por tanto, sufren más la subida de precios en relación con su renta.

En definitiva, más economía de ciencia ficción, sostenida por el gasto público, que anestesia la realidad y le permite al Gobierno presumir de algo que no existe, cuando, en realidad, está perjudicando a la estructura económica española, con peor composición del crecimiento, más gasto, mantenimiento en una senda de déficit, que no de estabilidad, y en aumento exponencial de deuda. Es un plan que la Comisión Europea no debería aceptarle a Sánchez, pues es irreal y perjudicial para la economía, que sólo busca la estabilidad presupuestaria sobre el papel, pero que lo que en él se contiene pone muy en peligro su consecución.

De hecho, la Comisión Europea ha sido demasiado suave en sus perspectivas de otoño, porque este plan no se sostiene. No es que haya muchas esperanzas de que la Comisión se ponga dura con Sánchez, pero en su mal entendida flexibilidad estará perjudicando tanto a España como al conjunto de la UE por los futuros desequilibrios económicos que podría provocar la cuarta economía de la zona euro de ejecutarse este plan, que, por cierto, deja cualquier ajuste para la segunda parte del ciclo, es decir, para que Sánchez no tenga que recortar. Como siempre, se vislumbra una herencia económica pésima por parte del socialismo.

• José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria