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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz junto a los secretarios generales de CCOO y de UGTEuropa Press

Trabajo reúne este martes al Comité de Expertos para la subida del SMI de 2025

Su cuantía actual es de 1.134 euros al mes por catorce pagas

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para este martes al Comité de Expertos del salario mínimo interprofesional (SMI) como paso previo a la negociación que desarrollará con sindicatos y empresarios para la subida de esta renta mínima de cara a 2025.

Este comité asesor del Gobierno, del que forman parte miembros del Ejecutivo, de los agentes sociales y profesionales académicos, se constituyó en enero de 2021 para determinar a qué ritmo debía subir el SMI para representar el 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.

La reunión de mañana de este comité de expertos fue adelantada la semana pasada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y hoy ha vuelto a señalar esta cita durante su intervención en el 44 Congreso Confederal de UGT, que se está celebrando en Barcelona.

Trabajo no quiere que el SMI pierda poder adquisitivo y lo subirá con o sin acuerdo con los agentes sociales. Actualmente, su cuantía es de 1.134 euros por catorce pagas tras subir un 54 % desde 2017, pero Díaz ya ha dicho en varias ocasiones que con este importe «no se puede vivir».

«Con 1.134 euros (al mes) no se puede vivir ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Andalucía, ni en ninguna parte. No se puede vivir. Por tanto, la estrategia del Ministerio de Trabajo es seguir subiendo el salario mínimo, hacerlo con acuerdo social. (...) Lo vamos a seguir haciendo, haya acuerdo o no», ha subrayado Díaz en alguna ocasión.

Si se atiende a la mediana salarial, que es de 1.545 euros mensuales en España, Díaz también ha advertido de que, con este importe, «no se puede vivir con dignidad».

Díaz lleva también tiempo defendiendo que la subida del SMI, que afecta a unos 2,5 millones de personas no amparadas por la negociación colectiva, ha contribuido a reducir la brecha retributiva de género en un 25 % y a «estrechar» la distancia entre los trabajadores que más cobran y los que perciben un menor salario.