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Un experto, a los diputados: «La gente se hacía propietaria por cien pesetas al mes»

Diego Vigil de Quiñones, registrador de la propiedad y colaborador de El Debate, analizó la enorme diferencia entre las políticas públicas del siglo XX y las del siglo XXI

En la ronda de expertos que viene desarrollando la comisión de vivienda y agenda urbana del Congreso, le tocó el turno esta semana al colaborador de El Debate, Diego Vigil de Quiñones, Registrador de la propiedad.

Vigil puso de manifiesto cómo se ven desde el Registro algunos problemas como la ocupación, los desahucios o los arrendamientos, y ofreció varias propuestas de reforma del Derecho civil para lograr el objetivo señalado por el presidente Pedro Sánchez de que no seamos «un país de propietarios ricos e inquilinos pobres». Entre ellas, analizó la enorme diferencia que se aprecia entre las políticas públicas del siglo XX y las del siglo XXI, en las que se aprecia una falta grave de presupuesto en materia de vivienda.

Particularmente vivo fue el diálogo con los portavoces de Sumar, el PSOE y Vox. El primero, Alberto Ibáñez, planteaba la conveniencia de fórmulas de tenencia más estable que el alquiler, a lo que el experto respondió explicando que la ley posibilita un derecho temporal llamado derecho de superficie que puede constituirse por plazos largos (hasta 99 años), evitando las inseguridades del arrendamiento sin llegar a comprar, pero que no se utiliza porque carece de incentivo fiscal alguno.

El portavoz de Vox, Ignacio de Hoces, pidió al experto más información sobre el leasing, sobre la venta a plazos con condición resolutoria y sobre las políticas de vivienda del siglo XX. Sobre las dos primeras le contestó que su actual diseño legal hace las figuras imposibles para la vivienda (caso del leasing) o bien poco atractivas en comparación de la hipoteca (lo cual se podría solucionar reformando el Código civil y la Ley de Enjuiciamiento).

En cuanto a las viviendas del siglo XX, explicó que en los folios del Registro pueden verse compraventas de vivienda protegida a precios limitados. En lugar de alquiler social, había venta social: algunas personas se convertían en propietarios pagando cien pesetas al mes (situación en la que llegaron a finales del siglo XX).

En portavoz del PSOE, por su parte, compartió las propuestas fiscales del ponente y le cuestionó que su discurso era demasiado favorable a la propiedad, a la que no llegan algunas personas. El ponente respondió que porque los más modestos no compren la propiedad no desaparece, sino que la tiene otro (un propietario rico), y que la mejor política de igualdad sería posibilitar (como antaño) que quien no puede comprar a precios de mercado acceda a la compra social en lugar de al alquiler social. Si no se crean cauces para que el que quiera comprar pero no puede lo consiga, seremos un país de propietarios ricos e inquilinos pobres.