Los efectos de la voracidad confiscatoria del Gobierno: menos inversión, prosperidad y empleo

El Gobierno no tiene otra política económica que la de incrementar exponencialmente el gasto y subir confiscatoriamente impuestos. Ha subido los impuestos cada ejercicio y, si no lo ha hecho en alguno, es porque no ha contado con respaldo parlamentario para ello. Pero su obsesión es exprimir a los contribuyentes para seguir gastando de manera poco eficiente, poco útil y con amplio despilfarro.

Su plan enviado a Bruselas con ajustes estructurales a medio plazo, obligado por ser una economía con desequilibrios estructurales, recogía los impuestos a la banca y a las empresas energéticas para hacerlos permanentes, tras haber anunciado, hace dos años, que eran transitorios. Siempre hubo una gran duda sobre su constitucionalidad, diga lo que diga un TC politizado, al crearse específicamente para unos sectores en concreto, pero la transitoriedad aplacó los ánimos, en parte, de las empresas, pero este deseo de hacerlos permanentes ha acabado con su paciencia.

Ahora, con el esperpento económico sufrido durante la última semana, acerca de la negociación del paquete fiscal con sus aliados tan distantes en política económica como los herederos del brazo político de ETA y el PNV, pongamos por caso, o de ERC y Junts, por tocar los dos extremismos independentistas, el vasco y el catalán, ya no se sabe muy bien qué terminará por aplicarse. Se ha aprobado un paquete con un impuesto a la banca permanente y más duro, con subidas a las rentas del capital, con más gravamen para el tabaco y con el aumento del Impuesto de Sociedades, al establecer un mínimo del 15 % en el tipo medio efectivo, impuesto este último, lo aliente Bruselas o no, que es un absoluto error, como también lo son los otros antes citados.

En el caso del impuesto a la banca, no se puede hablar más que de demagogia en la elección de este impuesto. De una demagogia aún mayor en el intento de la prohibición de repercutirlo a los clientes, cuando los bancos sólo estarían velando por cumplir la normativa bancaria que les obliga a mantener elevada su solvencia, y de una gran irresponsabilidad por querer aplicar una medida que puede mermar tanto la mencionada solvencia bancaria, clave del sistema de economía de mercado que tenemos, como el volumen de crédito que puedan conceder, que perjudicaría a la transmisión del crédito a la economía productiva con sus repercusiones negativas sobre el crecimiento y el empleo y que terminaría por interferir en las competencias del Banco Central Europeo, al afectar a la transmisión de la política monetaria, competencia exclusiva del banco emisor.

Mientras que el Gobierno pactaba con Junts no aplicarlo, acordaba con Podemos implantarlo mediante otro real decreto

En el caso de las empresas energéticas, en caso de hacerse permanente, cosa que no sabemos, porque mientras que el Gobierno pactaba con Junts no aplicarlo, acordaba con Podemos implantarlo mediante otro RDL, con el compromiso de permanencia, podrían llegar a reducir su oferta ante el encarecimiento de costes que no pueden repercutir. Esto afectaría al cliente vía precio y suministro. Las empresas energéticas lo dejaron muy claro: si hay impuesto, paralizarán y/o se llevarán las inversiones de España.

Así, las empresas, empiezan a mirar hacia otros destinos para realizar su inversión. Repsol, probablemente la empresa que más claramente se ha opuesto a estas medidas populistas del Gobierno, fue la primera que anunció la paralización de muchas de sus inversiones en España y el traslado a otros destinos, como Portugal, de otras de ellas. Cepsa, por su parte, también dijo que estudiaba nuevos destinos ante tamaña barbaridad gubernamental. Todo ello, semanas después, fue ratificado por las principales energéticas en el Club Español de la Energía.

Por su parte, la banca ha tomado buena nota del carácter confiscatorio y demagogo del impuesto y es probable que mire hacia otros destinos para crecer y generar más actividad y empleo.

La inseguridad jurídica que levanta el Gobierno de Sánchez es tal que la inversión no deja de desplomarse, ya que no hay garantías de un marco estable para realizar una actividad empresarial sin riesgo de que al año siguiente se cree un impuesto específico para gravar esa actividad, se aumenten los impuestos o se incrementen los costes con la imposición de la reducción de jornada. Así, la inversión cae a plomo en el último dato de contabilidad nacional trimestral.

Adicionalmente, esto levanta barreras de entrada a nuevas inversiones, a las que ahuyenta, ya que cualquier empres extranjera que tuviese pensado invertir en España se lo replantea debido al populismo tributario existente. Así, desde que gobierna Sánchez se reciben trimestralmente, según los últimos datos disponibles, 15.410,86 millones de euros, al comparar el IITR-2018 con el IITR-2024, último disponible.

Las empresas, la inversión, los agentes económicos, comienzan a votar con los pies. Sánchez ahuyenta la prosperidad y ofrece, a cambio, una economía pobre y subsidiada, donde sólo se crece por el gasto público, por un comportamiento extraordinario del sector exterior y por acumulación de población que, en media, es mucho más pobre que cuando Sánchez llegó al Gobierno.

Esto demuestra que los gobiernos pueden imponer impuestos, pero los contribuyentes pueden marcharse, lo que se conoce en Economía y Hacienda Pública como «votar con los pies». El error del Gobierno y su voracidad confiscatoria sólo traerán caída de la inversión, de la prosperidad y del empleo, es decir, empobrecimiento, que tratarán de maquillar en el corto plazo con más gasto público, para que parezca que la economía va muy bien, pero cuyo crecimiento es insano y contraproducente para el medio y largo plazo. Cada vez, más empresas votarán con los pies y se irán de seguir aplicándose la política económica de Sánchez.