El PSOE mete en su agenda la jornada de 36 horas, el reparto de beneficios a las plantillas y «federalizar» Hacienda

Más allá de los vaivenes por la dimisión de Juan Lobato y las revelaciones de Víctor de Aldama, el 41º Congreso del PSOE, que se celebra este fin de semana en Sevilla, servirá para dibujar las prioridades económicas del partido para los próximos años. Entre ellas, destaca la apuesta por reducir la jornada laboral hasta las 36 horas semanales, una reforma del Sistema de Financiación Autonómica y el reparto por ley de los beneficios empresariales entre los trabajadores.

Sobre el primero de los puntos, los socialistas tratan de arrebatar una bandera a Yolanda Díaz al afirmar que la reducción de la jornada a 37,5 horas –que Trabajo no ha logrado pactar con los empresarios y negocia únicamente con los sindicatos– «es un paso enorme, pero debemos ir más allá». A este respecto, abogan por «negociar con los agentes sociales» para llevar la jornada de las 40 horas actuales a 36, «que es la media que hoy tienen ya los países más avanzados de Europa».

En esta línea, anticipan una «Ley de Usos del Tiempo», que fije como obligatorias («siempre y cuando la naturaleza del puesto y actividad los permitan») la flexibilidad horaria, la concentración de la jornada laboral en horario de mañana, o el teletrabajo. Al mismo tiempo, apuestan por reforzar los mecanismos de inspección para acabar con las horas extra no remuneradas. Precisamente los inspectores de Trabajo han denunciado en numerosas ocasiones que sufren una sobrecarga ante la falta de recursos suficientes para abordar una carga laboral cada vez mayor.

Los socialistas se miran además en el espejo francés para situar, entre sus principales prioridades económicas, el reparto de los beneficios empresariales entre las plantillas. «Obligaremos por ley a las grandes empresas a repartirlos para lograr una distribución más equitativa de la riqueza», aseguran. La medida se aplicará a todas las empresas de más de 250 trabajadores, y afectará a aquellos beneficios que superen el 5 % del capital social.

Más impuestos

La ponencia del PSOE anticipa también nuevas subidas fiscales, con el punto de mira puesto sobre «los megarricos». En esta línea, anticipa un nuevo tipo marginal mínimo del 50 % en el IRPF general a partir de 300.000 euros anuales, después de haber aprobado en las últimas semanas una subida de dos puntos porcentuales para las rentas del ahorro superiores a esta cantidad.

En materia de vivienda, abogarán por prohibir la conversión de viviendas residenciales en turísticas y de temporada «en zonas de alta demanda», para «desincentivar la especulación, contener precios y garantizar el derecho de la ciudadanía a un hogar».

Intervencionismo contra las CC.AA. del PP

El PSOE abordará también la reforma de la financiación autonómica, con el partido abierto en canal por la cesión tributaria a Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa. Lo hace con una propuesta buenista en la que «todas las Comunidades Autónomas dispondrán de más recursos que en la actualidad». Evitan, eso sí, entrar en detalles sobre cómo cuadrarán ese círculo, más allá de que se optimizará el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF, y se modificará la fórmula de población ajustada bajo la cual se calculan las necesidades de financiación.

En 2030, dicen los socialistas, se reducirá a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada CCAA del sistema de financiación. En la actualidad esa diferencia alcanza el 30 %, entre La Rioja, la mejor financiada, y Murcia, la que cuenta con menos recursos, según cálculos de Fedea.

Al mismo tiempo, anticipan «una revisión de la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos» entre autonomías, interviniendo de facto entre las competencias de las regiones gobernadas por el Partido Popular, que han aplicado rebajas en IRPF o Patrimonio.

Los socialistas abogan porque la AEAT «despliegue una estrategia en red » con las haciendas autonómicas

En paralelo, los socialistas apuestan por una «federalización» de la dirección de la Agencia Tributaria «para dar más capacidad de decisión a las autonomías» y «desplegar una estrategia en red con las haciendas autonómicas», así como «el tratamiento adecuado, que no privilegiado, de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal», en velada referencia a los acuerdos con los nacionalistas catalanes para la investidura tanto de Illa como del propio Pedro Sánchez.