La «huelga de inquilinos» destruiría 1,12 millones de empleos con un impacto en el PIB del 1,69 %

La pasada semana, miles de personas salieron a las calles de Barcelona para exigir una bajada del precio de los alquileres y llamar a una «huelga de inquilinos», una medida que no solo es ilegal, sino que supondría pérdidas millonarias en dinero, empleos e inversión. Se trata de la segunda ocasión en apenas mes y medio –la anterior fue a mediados de octubre en Madrid– en la que se pide una solución que los expertos llevan tiempo advirtiendo de que es poco realista y contraproducente.

La marcha, convocada por el Sindicato de Inquilinas bajo el lema S’ha Acabat!, contó con el apoyo de los principales sindicatos, así como organizaciones independentistas y colectivos de diverso pelaje. La premisa era tan simple como presuntuosa: dejar de pagar los alquileres para obligar a los propietarios a bajar los arrendamientos un 50 %. Sin embargo, el efecto que tendría sobre el mercado sería catastrófico, con un efecto negativo de hasta el 1,69 % del PIB.

Un estudio de 2023 de Fotocasa reveló que solo el 20 % de los propietarios tiene más de una vivienda y apenas el 8 % del total de viviendas en propiedad están en alquiler. Además, solo un 0,3 % tiene cinco o más viviendas, un porcentaje que creció en 0,2 puntos porcentuales respecto al año pasado. Es decir, la gran mayoría de viviendas en alquiler pertenece a particulares.

Un impago masivo tendría graves consecuencias para estos propietarios, que ya han optado por otras modalidades como la venta o el alquiler turístico, como consecuencia de la inseguridad jurídica que ha provocado la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Esade, de hecho, advertía en un reciente informe que los anuncios de alquiler de temporada entre 2019 y 2024 se habían multiplicado en Barcelona a un ritmo mayor que en Madrid coincidiendo en el tiempo «con la introducción de regulaciones que limitan los precios de largo plazo y el acceso de las viviendas al alquiler de corto plazo en Barcelona y no en Madrid».

El Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos acaba de elaborar un estudio sobre los efectos que tendría un impago masivo en nuestro país con tres escenarios diferentes que afectarían al 10 %, 25 % y 40 % de los inquilinos de nuestro país.

En el primer caso, un impago del 10 % de los inquilinos afectaría a 350.000 viviendas con unas pérdidas anuales de 4.645 millones de euros y un impacto en el PIB del 0,42 % y en la inversión de 35.000 millones de euros, así como 280.000 empleos perdidos.

En caso de un impago del 25 % de los arrendatarios, el impacto en el PIB y la inversión sería del 1,06 % y 87500 millones de euros respectivamente, y en 700.000 empleos. Finalmente, el tercer escenario, el 40 % de los inquilinos en situación de impago, afectaría a 1.400.000 viviendas con unas pérdidas anuales de 18.580 millones de euros, un impacto en el PIB del 1,69 %, un descenso de la inversión por valor de 140.000 millones de euros y una pérdida de 1,12 millones de empleos perdidos.

Impacto multiplicador negativo

Los autores apuntan a que la reducción de ingresos de alquiler provocaría una disminución de la inversión en mantenimiento y mejora de las propiedades que no solo afectaría al valor a largo plazo del parque de viviendas, sino que tendría un impacto multiplicador negativo en sectores como la construcción.

Esa pérdida de inversión también se traduciría en una drástica reducción de empleos, especialmente en los sectores de construcción y mantenimiento, que son intensivos en mano de obra.