Grúas en una zona de construcción de edificios en Madrid
La empresa pública de vivienda de Sánchez, un chiringuito de difícil encaje y justificación
Todavía no se ha dado salida a los activos inmobiliarios de la Sareb y el presidente ha anunciado la creación de otra empresa pública
En plena campaña de las elecciones autonómicas de 2023, Pedro Sánchez anunció la «movilización» de 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible, de las cuales, más de año y medio después, solo se han entregado un escueto 5 %. Ahora ha vuelto a las andadas, con la promesa de crear una «gran empresa pública de vivienda» que se encargue de la construcción y gestión de inmuebles.
Durante la clausura del Comité Federal del PSOE en Sevilla y después de ser reelegido secretario general del partido con el 90 % de los votos, Sánchez aseguró que el Gobierno creará «una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y gestionar vivienda desde la Administración General del Estado» como respuesta a los «ataques» a la Ley de Vivienda.
El presidente, no obstante, no ofreció más detalles sobre un organismo que plantea serias dudas sobre su funcionalidad. En primer lugar, porque las competencias en materia de vivienda están transferidas a las Comunidades Autónomas, como señala el artículo 148 de la Constitución.
La Junta de Andalucía, de hecho, presentó un recurso contra el texto por considerar que «invadía competencias» pero, si bien el Tribunal Constitucional declaró ilegales varios artículos relativos a la regulación de vivienda protegida o parques públicos, avaló el grueso de la ley al entender que regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho.
La decisión de este tribunal no elimina las competencias autonómicas, pero sí era un espaldarazo a un texto que solo ha encontrado a Cataluña como lugar de experimentación con nefastos resultados. En cualquier caso, el Gobierno sigue estando obligado a coordinarse con las autonomías en lo que aprovechamiento del suelo se refiere, y es aquí donde se produce el conflicto porque la Ley del Suelo sigue bloqueada en el Congreso.
Por otro lado está el asunto de la Sareb. Creada en 2012 para tapar el agujero que dejaron las cajas de ahorro tras la crisis financiera, se hizo con medio millón de bienes inmobiliarios por unos 50.000 millones. Aunque estaba financiada al 92 % por el Estado, este solo tenía control sobre el 45 % de la sociedad en una pirueta contable para evitar que las pérdidas computasen como deuda pública. Esto cambió en enero de 2022, cuando el Gobierno aprobó un nuevo marco legal para elevar su participación en el banco malo a través del FROB. En la práctica, el Ejecutivo se hacía con el control de este organismo por la cantidad simbólica de un euro a cambio de aumentar la deuda pública por encima de los 35.000 millones.
Ahora, este organismo todavía tiene 38.376 viviendas, 28.461 suelos y 28.792 obras en curso todavía por colocar. Este año, la Sareb lanzó la licitación para el Proyecto Viena a través del cual pretende construir, en una primera fase de 3.770 viviendas de alquiler a precios asequibles con un modelo público-privado en municipios donde haya zonas tensionadas, pero parece insuficiente para las necesidades del mercado.
España necesitaría aumentar el parque de vivienda social en casi un 8 % al año para aproximarse a la media europea
España necesitaría aumentar el parque de vivienda social en casi un 8 % al año para poder aproximarse a la media de los países europeos, según los datos del Observatorio de la Vivienda y el Suelo. En el conjunto de los Veintisiete, hay cerca de 19 millones de viviendas sociales, cerca del 9,3 % del total, para una población de casi 500 millones de habitantes, aunque la titularidad varía en cada región. En España, el parque de vivienda social se concentra en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, mientras que otros países, como Países Bajos o Suecia, la intervención estatal es más intensa.
Además, los inmuebles en manos de la Sareb, salvo los de su inmobiliaria Árqura Homes, se encuentran en zonas de escaso interés o no están en condiciones mínimas de habitabilidad. Hace unos meses, esta sociedad lanzó un contrato público de 12 millones de euros para encontrar asesoría que permita dar salida a los pisos inacabados que tiene en cartera.
A menos de tres años de su cierre, previsto para 2027, el Gobierno debe decidir qué hacer con la sociedad de gestión de activos. Una transferencia a una empresa pública de reciente creación solo trasladaría el problema a otra entidad de titularidad estatal después de que la Sareb haya sido incapaz de revalorizar los activos para recuperar la deuda avalada. Claro que viendo el nivel de endeudamiento de este Ejecutivo, todo es posible.