Aumentar el coste del despido frenará la creación de empleo
Díaz y el Gobierno se agarran a la Carta Social Europea como excusa para aplicar lo que ellos mismos desean, pero revistiéndolo de mandato externo
Yolanda Díaz ha vuelto a insistir en estos días en su pretensión de incrementar la indemnización por despido, entre otras medidas que perjudicarán a la economía y al mercado laboral. Desde que se produjo la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales de atender positivamente la demanda de los sindicatos españoles para obligar a que la normativa laboral española incremente de nuevo la indemnización por despido, que constituye un despropósito, un auténtico disparate económico, el Gobierno se encuentra empeñado en incrementar dicha indemnización.
Argumenta el citado comité que España, al limitar el despido a treinta y tres días por año con un máximo de veinticuatro mensualidades, no cumple con la Carta Social Europea, que suscribió en 2021. Al suscribirlo, muchos juristas consideran que constitucionalmente, como adhesión a un Tratado Internacional, España tiene la obligación de cumplir sus decisiones, pero, por otra parte, dicho comité no es jurisdiccional, con lo que podría llegar a no aplicarse, surgiendo, entonces, un litigio al respecto, que decidirían los tribunales.
No nos engañemos: que Díaz y el Gobierno se agarren a eso es solo una excusa para aplicar lo que ellos mismos desean, pero revistiéndolo de mandato externo. Sea como fuere, incrementar el coste del despido en España es un error. Los empresarios no se levantan cada mañana pensando en despedir, sino en incrementar la actividad de su empresa, que derivará luego en más empleo. Solo recurren al despido si no les queda más remedio para tratar de salvar el grueso de puestos de trabajo. Si ahora se encarece el despido, más de un empresario se lo pensará más de una vez a la hora de evaluar nuevas contrataciones, porque el riesgo del potencial coste que asume crece muchísimo.
En este contexto, Sánchez ha llevado a España hacia el abismo en muchos campos, sin importarle nada más que su intento de supervivencia política personal. Solo entiende la ostentación del poder como elemento de marketing con el que captar votos y perpetuarse en el cargo. Dentro de todos los problemas generados por Sánchez se encuentra también la contrarreforma laboral de 2022, que había mantenido sin tocar el coste del despido, pero que ahora, con la excusa de la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, también se encarecerá.
Sánchez trata de acabar con la temporalidad por ley de manera artificial
Así, Sánchez no deja de introducir rigidez en el mercado laboral, donde trata de acabar con la temporalidad por ley, de manera artificial, al tiempo que vuelve a asfixiar a las pymes al volver a la prevalencia de los convenios sectoriales en la negociación salarial, con un incremento de costes inasumible para las empresas, en general, y las pymes en particular, que, además, puede desembocar en una peligrosa espiral precios-salarios. Junto con ello, la recuperación de la ultraactividad plena, entre otras cuestiones, y el riesgo a que siempre pueda profundizarse en dicha reforma en la mala dirección, como tantas veces intentaron miembros del Gobierno, hace nociva la contrarreforma, que ahora, además, se completará con este aumento de costes laborales al aumentar los de despido, con la excusa de que viene de Europa.
Aumento de impuestos, obligación en el cambio de contratos temporales a fijos-discontinuos, incremento del salario mínimo, subida de las cotizaciones sociales y alza del coste de despido solo harán crecer a los costes laborales, que llevará a las empresas a disminuir actividad y empleo, por no poder asumirlos, o a subir precios, con la presión en los mismos, la pérdida de poder adquisitivo de los agentes económicos y posterior merma del consumo, de las ventas, de la producción, de la actividad y del empleo. Es decir, una vez más, estas decisiones irracionales en el mercado laboral nos llevan hacia la destrucción de empleo y el empobrecimiento económico.
- José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria