Sumar propone comprar la vivienda «secuestrada por fines mercantiles» para destinarla a alquiler asequible
Alberto Ibáñez sugiere una subida de impuestos masiva para que el Estado se pueda hacer con un parque de vivienda permanente
El responsable de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha propuesto una subida de impuestos sin precedentes para que el Estado compre de manera masiva la vivienda «secuestrada por fines mercantiles», es decir, la que no está siendo utilizada para fines puramente residenciales.
Durante la jornada Despolarizar la Vivienda, organizada por España Mejor en el Congreso este viernes, Ibáñez, que también es diputado de Compromís, ha explicado que la expropiación se haría a un precio regulado que le permitiera al Estado contar con un parque de vivienda permanente para satisfacer las necesidades de alquiler asequible.
Además, ha sugerido la posibilidad de blindar temporalmente los alquileres «salvo que los propietarios la necesiten para vivir» y prohibir las compraventas para personas jurídicas.
«Si aspiramos a un país que reconozca la meritocracia y la igualdad, no podemos admitir que quien nace de cuna con siete pisos impida a otro que no puede acceder a una vivienda», ha comentado durante su intervención.
Ignasi Conesa, portavoz del PSOE de Vivienda y Agenda Urbano del Congreso, ha asegurado en la misma ponencia que la vivienda «puede ser un negocio» que debe «combinarse con el derecho general» al tiempo que ha dudado que algunas comunidades estén pensando «en el interés general», en relación a las autonomías gobernadas por el PP y su negativa a aplicar la Ley de Vivienda.
El secretario ejecutivo de Vivienda del PP, José Ramón Díez de Revenga, ha señalado que es fundamental restablecer el equilibrio entre inquilinos y propietarios a corto plazo. «Tenemos que aparcar las medidas cosméticas y la polarización ideológica aportando seguridad jurídica para que el capital privado no huya», ha añadido.
En esa misma línea se ha pronunciado Carlos Hérnandez, responsable de Vivienda de Vox, que ha pedido «devolver la seguridad jurídica» a los propietarios. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP, Marifrán Carazo, ha propuesto revisar la Ley de Vivienda, de la que «ya se empiezan a notar los efectos», acordar los objetivos del plan de vivienda y revisar fiscalmente el mercado.