¿Es constitucional incrementar 34.700 millones los presupuestos sin pasar por el Congreso?
El Gobierno de Sánchez no lleva estas aprobaciones extraordinarias a las Cortes
En septiembre de este año, exactamente el día 26, publiqué en este diario un artículo que se titulaba 'El Gobierno mete de tapadillo 25.000 millones más de gasto en los presupuestos en 2024'. Estos datos se referían a julio.
Desde entonces ha transcurrido un trimestre y sigue pasando lo mismo. El Gobierno, en Consejos de Ministros, aprueba lo que le da la gana, lo que le viene bien y lo que le interesa. El Ejecutivo publica lo que sea en el Boletín Oficial del Estado, al mes lo coloca en la web del Ministerio de Hacienda y ya tenemos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Cambia lo que le viene bien y, como veremos de julio, la partida de los Fondos de Contingencia que el 1 de enero eran de 3.964 millones, habían bajado a 2.312 millones, y como veremos a 31 de octubre, con ese ojo clínicamente certero que tiene el equipo económico, dejaron la partida en cero.
En diciembre, solo en el Consejo de Ministros del pasado martes día 10, se aprobaron 1.300 millones para asuntos tan dispares como 725 millones especiales para Seguridad Social —para paliar los efectos de la caída prevista de ingresos por los efectos de las riadas—, o los 41 millones para pagar la renovación de los contratos de telefonía y datos con los proveedores actuales.
Pero, lo más importante de todo esto, es que no se llevan estas aprobaciones extraordinarias al Congreso de los Diputados y el órgano que tienen que aprobar los Presupuestos Generales del Estado, no solo no puede aprobarlos, sino que además da la sensación de que no se enteran de nada y ni siquiera protestan.
El tema es tan serio como que, con este método, el Gobierno se puede llegar a sustentar sin necesidad de aprobación de nuevos Presupuestos Generales hasta el 2027, mientras consiga ir aprobando leyes sobre nuevos impuestos.
El 31 de diciembre y un segundo después de las 12 campanadas y las uvas, desaparecen todas las medidas de ayudas que había en el IVA: el aceite vuelve al 4 %, lo mismo que la leche, el pan, los huevos y las frutas.
La pasta se va al 7,5 %, lo mismo que el aceite de girasol y los otros aceites de semillas y la luz se va hasta el 21 %, además de la entrada en vigor de las nuevas cotizaciones sociales, que van a darle un palo sustancial a los bolsillos de los trabajadores y a la cuenta de pérdidas y ganancias a los empresarios, o… una subida generalizada de precios, que solo beneficia al Gobierno, porque producirá una nueva subida de salarios, que al no deflactarse las tarifas del IRPF, supondrá más ingresos, para poder gastar más, sin control de nadie.
Con estas medidas el Gobierno pretende paliar obviamente su déficit o al menos mandar un mensaje a Bruselas, que está haciendo sus deberes para reducir el déficit, aunque realmente sabe que no va a poder hacerlo porque los gastos siempre irán por delante.
Aquí les muestro en qué ha decidido el Consejo de Ministros que va a necesitar gastarse 34.700 millones de euros más de los que tiene autorizados por el legislativo de nuestro país.
Para la partida de personal se ha autorizado a gastarse 847.7 millones más, que así como el que no quiere la cosa es gastarse un 4,1 % más de lo previsto.
Pero en gastos corrientes de bienes y servicios se ha autoaprobado 1.682,5 millones, nada más que un incremento del 34 %.
En gastos financieros o intereses de la deuda se ha aumentado el presupuesto en 2.349,4 millones, equivalente a una subida del 7,5 %.
En transferencias corrientes la subida es espectacular con 13.967,9 millones, un 9,8 %, que les aseguro que voy a investigar a fondo en qué se van a gastar ese dinero de más.
Llegó la DANA y el Fondo de Contingencia está a cero, porque había que tratar de que las cosas no se desmadrasen tanto y Cuerpo y Montero, que tienen ojos de lince, como siempre, «acertaron en su visión del futuro».
En inversiones reales han aprobado 2.470,7 millones de euros hasta llegar a los 13.550,8 millones que suponen un incremento del 22,3 %.
Por último, en transferencias de capital bajan 1.447,4 millones, un 5 % menos de lo previsto.
Esto quiere decir que en lo que a Bruselas más mira, que son las Operaciones no Financieras, se han marcado un incremento de gasto de 15.906,5 millones de euros, que suponen una subida de un 6,5 %, que es lo que debería de haberse aprobado, o no, en el Congreso de los Diputados con nuevos Presupuesto Generales de Estado en Gasto no financiero.
Pero es que además se han autoaprobado 9.783,5 millones más en préstamos y 8.981 millones más en deuda, con los cual los Presupuestos Generales del Estado a 31 de octubre no son 381.508 millones, sino 416,179 millones, con un incremento total del gasto del 9,1%.
Así podrán seguir gobernando sin necesidad de aprobar en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, algo que marca la Constitución en su artículo 134.
Mi única duda es si esta aprobación generalizada de incrementos de gasto, que ya en el mes 10 del año está en un 9,1 % y que superará el 10 % a finales de 2024, pudiendo llegar incluso al 11 %, es Constitucional o no. Eso se lo dejo a los especialistas en Derecho Constitucional.