La Ley de Vivienda naufraga dos años después y arrasa con la oferta de pisos

A punto de cumplirse dos años de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, casi todas las comunidades han mostrado su rechazo a la aplicación de zonas tensionadas. Y no se trata solo de una decisión de las regiones gobernadas por el Partido Popular, ya que Castilla-La Mancha tampoco está por la labor, mientras que País Vasco y Asturias han adelantado que se adherirán, pero más adelante. Además de Cataluña, la pionera, solo Navarra ha dado algún paso para aceptar el control de precios.

El caso catalán es paradigmático. La Generalitat ha declarado zonas tensionadas en los 271 municipios donde reside el 90 % de la población y, desde entonces, el precio de los alquileres ha bajado un 5 %, según el Gobierno regional, al tiempo que ha disminuido la oferta con una caída del 17,2 % en la firma de contratos. Pese a ello, Salvador Illa ya ha anunciado que en 2025 se aplicará un régimen sancionador para aquellos que incumplan la normativa.

En el resto del territorio, solo Navarra ha dado pasos reales para acelerar la declaración de zonas tensionadas y la aprobación de un régimen sancionador de cara al próximo año. En País Vasco y Asturias –uno de los pocos reductos socialistas–, los gobiernos regionales han mostrado su respaldo al texto, pero todavía no han dado pistas acerca de en qué se concretará, aunque todo indica que se comenzará a aplicar en municipios concretos para ir extendiéndose a otras zonas.

Castilla-La Mancha, por su parte, va al margen. No es un secreto que a Emiliano García-Page no le hace ninguna gracia la ley y sus tesis son bastante más cercanas a las defendidas por el PP que las del secretario general de su partido. El turolense aboga por aumentar la oferta a través de la construcción y ofrecer «estímulos» al sector inmobiliario. En cualquier caso, no se cierra del todo a la medida y ha comentado que, si un ayuntamiento quiere realizar una declaración de zona tensionada, que elabore informes para someterlos a consulta pública.

En las comunidades gobernadas por el Partido Popular advierten que no van a declarar zonas tensionadas por su efecto «perverso» en el mercado y apuestan por soluciones que incluyan la colaboración público-privada y ampliar el parque de vivienda disponible.

Barcelona pierde 10.000 viviendas

Y es que la mayoría de regiones del PP se escudan en los efectos que está teniendo la declaración de zonas tensionadas en Cataluña, una región donde se está aplicando. Según el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, la oferta en el tercer trimestre del año en la provincia de Barcelona se redujo en 9.284 inmuebles.

La declaración de la zona tensionada en Cataluña mantiene a Barcelona con unos niveles de presión sin precedentes, con 397 interesados por vivienda en un plazo de diez días, «una realidad que está lejos de solucionarse mientras la oferta siga cayendo en la provincia», según señalan desde esta fundación. «Las políticas de control de precios han animado a muchos propietarios a optar por otras alternativas al alquiler residencial, lo que ha desestabilizado aún más el mercado», añaden.