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Finanzas
Discriminación por IBAN: España es el segundo país con más denuncias por penalizar transferencias desde cuentas extranjeras
España representa el 21 % del total de los casos
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha alertado de la discriminación en el IBAN de España cuando una persona no puede efectuar o recibir una transferencia SEPA o no ha podido pagar mediante un adeudo domiciliado SEPA desde su cuenta bancaria situada en otro Estado miembro.
Los auditores europeos destacan en un informe sobre pagos digitales en la UE que España representa el 21 % del total de casos de discriminación por IBAN solo por detrás de Francia, que aglutina el 31 %.
Entre febrero de 2021 y septiembre de 2023, los usuarios notificaron casi 3.500 casos de supuesta discriminación basada en el IBAN a través de la plataforma 'Accept My IBAN', una iniciativa del sector privado que transmite reclamaciones a la autoridades nacionales competentes.
El reglamento SEPA, en vigor desde 2014, prohíbe la discriminación basada en la ubicación geográfica de una cuenta de pago, tal como se refleja en su número internacional de cuenta bancaria (IBAN). Para los ordenantes, esto significa en la práctica que, en la zona SEPA, deben tener libertad para efectuar pagos en euros desde cualquier cuenta de pago, independientemente de su ubicación.
En una revisión de 2017 del reglamento, la Comisión reconoció que la discriminación basada en el IBAN seguía siendo un problema y se comprometió a tomar medidas contra ella, aunque no bastaron para resolver el problema.
Bruselas ya emitió una decisión de infracción contra España en relación con la legislación que impedía a las personas pagar impuestos desde una cuenta en otro Estado miembro de la UE.
Los auditores señalan que la Comisión, pese a sus crecientes esfuerzos por erradicar la discriminación basada en la ubicación de las cuentas de pago, todavía no ha logrado garantizar que los pagos no se denieguen debido a un número de cuenta extranjero.
Al respecto, también consideran que las lagunas normativas sobre el cumplimiento y la cooperación entre autoridades nacionales afectan negativamente a la eficacia de las medidas para luchar contra este problema.