Telefónica, la última víctima de los tentáculos empresariales de Sánchez

La repentina salida de José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica fue orquestada hace meses por el Gobierno para hacerse con el control de la teleco. Desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, el madrileño no ha escatimado esfuerzos en aumentar la participación del Estado en empresas estratégicas, en las que ha colocado a amigos y afines al PSOE a discreción.

Con Javier de Paz como hombre fuerte en el consejo desde que José Luis Rodríguez Zapatero le colocara en 2007 como contraprestación por la entrada de Manuel Pizarro, Sánchez llevaba tiempo intentando «influir» en la empresa. No fue hasta la inesperada entrada de STC, propiedad del fondo soberano saudí, en el accionariado de Telefónica, en septiembre de 2023, cuando vio la oportunidad.

Bajo la excusa de mantener la españolidad de una empresa capital para los intereses nacionales, el Ejecutivo aprobó la compra, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), del 10 % del capital social de Telefónica en una operación que se cerró por unos 2.285 millones de euros. Desde entonces, la salida de Pallete era cuestión de tiempo —Sánchez sospecha que el expresidente conocía la intención de los saudíes—, pero ha sorprendido la urgencia de la operación.

Esto es algo que a Sánchez le ha importado poco desde que llegó al poder en junio de 2018, que ha aprovechado la participación del Estado a través de la SEPI para colocar a gente cercana a su entorno en los puestos clave.

El caso más problemático ha sido RTVE. En 2018 se nombró a Rosa María Mateo, pero dejó el puesto en 2021 con polémica. A continuación fue nombrado José Manuel Pérez Tornero, que acabó dimitiendo por pérdida de apoyo del consejo y fue sustituido por Elena Sánchez de manera interina. Esta fue cesada tras el controvertido fichaje de David Broncano y ocupó su lugar Concepción Cascajosa, que también dio que hablar. De momento sigue José Pablo López, que previamente fue fulminado por Elena Sánchez por el asunto de La Revuelta.

Para Correos, Sánchez colocó en 2018 a su amigo y ex jefe de gabinete Juan Manuel Serrano en un más que una discutible decisión después de dejar un agujero de más 1.000 millones de euros. En diciembre de 2023 salió de la empresa pública para dejar su lugar a Pedro Saura, también una persona de confianza del presidente que al menos había demostrado cierta competencia al frente de Paradores, donde acabó recalando Raquel Sánchez, exministra socialista de Transportes. Serrano, por cierto, ha acabado como presidente de la Seitt, entidad encargada de gestionar las autopistas rescatadas en 2017.

La Agencia EFE está presidida desde 2023 por Miguel Ángel Oliver, ex secretario de Estado de Comunicación con Sánchez y candidato en 2019 para las listas de Madrid. En Redeia, la antigua Red Eléctrica, Jordi Sevilla dimitió por las injerencias de María Teresa Ribera y Podemos, y fue sustituido por Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con Zapatero y secretaria de Ordenación Territorial y Vivienda del PSOE.

En Enagás, donde la sociedad estatal cuenta con el 5 %, el Ejecutivo mantuvo a Antonio Llardén, pero le despojó de funciones ejecutivas tras la remodelación del consejo en 2022, cuando colocó miembros ligados al PSOE bajo el control de Arturo Gonzalo, ex alto cargo del Ministerio de Ambiente con Zapatero.

En Hunosa, la SEPI nombró presidente a Enrique Fernández, senador del PSOE y exconsejero de Industria en Asturias en sustitución de Gregorio Rabanal, de perfil técnico y con una dilatada experiencia en la empresa minera, en la que había ocupado varios puestos. Para Enusa, empresa especializada en la fabricación y suministro de componentes nucleares, el Gobierno situó al exgerente del PSOE Mariano Moreno.

Al frente de Enresa se encuentra Olga García, exconsejera socialista en Extremadura, que durante su etapa en la Junta se mostró favorable al cierre de Almaraz, aunque luego cambió de opinión y apoyó una prórroga.

De las 21 empresas en las que la SEPI tiene participación por encima del 5 %, solo en tres el Gobierno no ha colocado al frente a afines o amigos

Para Hispasat, la SEPI se decidió por Pedro Duque en sustitución de Jordi Hereu, actual ministro de Industria. Si bien Duque fue ministro de Ciencia con Pedro Sánchez, no tiene un marcado carácter político. Eso sí, en el consejo de administración de la compañía también ha encontrado acomodo Therese Jamaa, pareja de José Manuel Albares.

El actual presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, fue exviceconsejero de Medio Ambiente y de Agricultura en la Junta de Andalucía durante los gobiernos del PSOE y antiguo director de gabinete de Belén Gualda, actual presidenta de la SEPI y antigua responsable de la naviera. En SAES y Sainsel, filiales de Navantia, la sociedad estatal también colocó a dos exsenadores del PSOE.

José Miñones, ex delegado del Gobierno en Galicia y ministro de Sanidad en un breve lapso con Pedro Sánchez, se encuentra al frente de Mercasa, mientras que Jesús Casas, antiguo director general de Desarrollo Rural de Asturias preside Tragsa. Sepides, compañía de apoyo financiero a empresas, está presidida por Francisco Blanco, ex secretario general de Industria con el PSOE. Al frente de Mayasa se encuentra José Tejero, exconcejal socialista en Almadén.

En Ensa, empresa de fabricación y suministro de componentes nucleares, la SEPI colocó a Francisco Javier Fernández, que en su día dirigió a las Juventudes Socialistas y aspiró sin éxito a liderar el PSOE en Cantabria. Juan Andrés Tovar, exsenador socialista por Cáceres preside Cetarsa. Al frente del Hipódromo de la Zarzuela está Ernesto Gasco, concejal socialista por el Ayuntamiento de San Sebastián durante 25 años y antiguo Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, dependiente de Presidencia.

En definitiva, de las 21 empresas en las que la SEPI tiene participación por encima del 5 %, solo en tres —Epicom, Saeca y Ebro Foods— el Gobierno no ha colocado al frente a afines del PSOE o amigos del presidente.