Yolanda Díaz azuzará a los sindicatos contra Junts para desbloquear su apoyo a la reducción de jornada

El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley para la reducción de jornada laboral tras una travesía en el desierto de un año que ha desgastado con creces la figura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y todavía queda el trámite parlamentario, que amenaza con dejar una norma muy descafeinada ante el previsible rechazo inicial de algunas formaciones.

Al igual que ocurrió con la reforma laboral, el anteproyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que finalmente aprueben las cortes estará muy lejos del anteproyecto inicial, en buena medida por la intransigencia de Trabajo a la hora de negociar con la patronal. El acuerdo final, de hecho, eliminó el acompañamiento a las empresas ofrecido previamente en represalia por no aceptar la incorporación de la medida al Estatuto de los Trabajadores en lugar de dejarla en mano de los convenios, como pedía la CEOE.

Lo que sí incorpora el anteproyecto es el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento del registro horario y el llamado «derecho a la desconexión». A diferencia de la actual legislación, el nuevo texto propone multar a las empresas por caso de incumplimiento individual y no global, así como aumentar el importe de las sanciones en una horquilla de entre 1.000 y 10.000 euros, en función de la gravedad.

Otro de los puntos más comprometidos del nuevo texto es referente al registro de jornada, que deberá realizarse por medios digitales, incluyendo las horas extraordinarias registradas diariamente. Este registro, que el trabajador tendrá que rellenar de forma personal y directa para que la empresa no pueda condicionar su contenido, deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los contratos de duración parcial de duración igual o superior a las 37,5 horas semanales se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo, mientras que aquellos contratos de menor duración tendrán derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la aplicación de la nueva jornada. Por ejemplo, una persona que tenía un contrato de 30 horas con el salario mínimo (el 75 % del total), pasaría a cobrar el 80 % de esta cantidad.

Discrepancias con el PSOE

La rigidez del nuevo texto provocó un nuevo enfrentamiento entre Trabajo y Economía. Carlos Cuerpo no se opone a la reducción de la jornada, pero entiende que el contexto político no es el adecuado para su tramitación parlamentaria y propone una aplicación gradual que ofrezca algo de oxígeno a las empresas, así como medidas de acompañamiento.

Díaz, por su parte, no quiere oír hablar de un retraso. Ya tuvo que ceder a su plan inicial —una reducción a 38,5 horas en 2024, y de 37,5 a partir de 2025— y cualquier aplicación de la reducción más allá del 31 de diciembre de este año será visto como un fracaso. Además, quiere cerrar este asunto antes de centrarse en el blindaje del despido, la última baza de la ministra para garantizar su futuro político.

Rechazo de Junts

Pero independientemente de los conflictos internos en el Gobierno de coalición, el verdadero problema de Díaz es Junts. Los independentistas, muy cercanos a la patronal catalana, han rechazado sistemáticamente las imposiciones del Ministerio de Trabajo al respecto. Este mismo lunes, el portavoz de los secesionistas, Josep Rius, ha advertido que harán «contrapropuestas» para defender al tejido empresarial catalán «que no es de grandes corporaciones y empresas, sino de pymes».

Según Rius, las diferencias públicas mostradas por Díaz con los ministros socialistas hacen prever una negociación «complicada». «En Junts no funcionan presiones ni pancartas. No vamos a hacer amigos ni apuntalar a nadie, sino a defender los intereses de Cataluña», ha comentado.

Los sindicatos anuncian movilizaciones

Por ello, no es casualidad que CC. OO. y UGT hayan elegido Barcelona como escenario de las nuevas movilizaciones. El 4 de marzo han organizado una nueva concentración en la Ciudad Condal con el objetivo de presionar a los grupos parlamentarios para que la reducción no sufra retrasos ni modificaciones sustanciales durante su tramitación parlamentaria. Aunque vista la afluencia de la última manifestación, bastantes problemas tienen los sindicatos para movilizar a sus afiliados.