Pymes y autónomos temen la nueva facturación electrónica: «Se va más tiempo en gestiones que en servir una caña»

Pymes y autónomos se han encontrado con un nuevo dolor de cabeza este año. A partir del 1 de julio, todas las empresas y trabajadores por cuenta propia están obligados a contar un software de facturación compatible con el sistema VeriFactu de la Agencia Tributaria. Sin embargo, apenas el 7 % están listos para adaptarse a la transición digital.

El asunto tiene miga. Por un lado, la Ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022, obliga a empresas y autónomos a emitir facturas electrónicas en todas sus relaciones comerciales. La medida entrará en vigor un año después del desarrollo reglamentario en el caso de empresas y profesionales que facturen más de ocho millones al año, y de dos años para el resto; esto es, a primeros de 2026.

Los profesionales, sin embargo, están perplejos. Según el Informe Emprende, solo el 7 % de las pymes españolas están listas para adaptarse a estos nuevos requisitos y un gran porcentaje utiliza hojas de cálculo (19 %) o papel y lápiz (13 %) para su facturación.

«Hay mucho desconocimiento», comenta José Rodríguez Ansaldi, finance product lead de Holded, un software de facturación para emprendedores y pymes. «Más del 50 % del mercado español no estaba digitalizado en 2023, por lo que el trabajo con las gestorías es la clave. Nosotros ofrecemos asesoría a estas empresas para que informen a sus clientes de la nueva normativa», añade.

Según Rodríguez Ansaldi, la legislación establece que tanto el envío y recepción de facturas, como las comunicaciones con la Agencia Tributaria deben ser gratuitas, para lo cual van a facilitar una plataforma para la emisión de información, pero se trata de un método adecuado para empresas con poco volumen de facturación, algo que no suele ser el caso.

Las gestorías advierten que el programa de facturación tiene un desembolso de 2.000 euros más mantenimiento

Desde las gestorías comentan que los clientes están obligados a contar con un programa de facturación que supone un desembolso importante, de unos 2.000 euros más mantenimiento. Asimismo, tienen que pagar entre diez y quince euros al mes por la licencia para que el programa quede integrado en la plataforma de la gestoría, que enviará los datos a la Agencia Tributaria.

«Los clientes no quieren pagar el desembolso inicial ni el mantenimiento», explica Beatriz Martín, de la asesoría de empresas Ofeco. «Tampoco quieren mandar facturas diariamente a Hacienda y hay dudas sobre las facturas de rectificación o devolución, que en sectores como el textil llega al 80 % de la facturación», apunta.

«Hay mucha inquietud en hostelería, bazares… comercios donde se pagan cantidades bajas, ya que se va más tiempo en gestionar una factura que en servir una caña. Y hay sectores donde no se dan ni recibos», avisa Martín.

Problemas de liquidez

El descosido que supondrá el nuevo sistema es comprensible. El 93,2 % de las empresas registradas en España tiene menos de 10 empleados –con una media de 1,9 trabajadores por cada una– y hay unos 3,34 millones de autónomos –de los cuales solo dos millones están dados de alta como personas físicas–, por lo que se trata de un tejido empresarial especialmente sensible a cualquier cambio.

Según el barómetro del Consejo General de Gestores Administrativos, 700.000 pequeños y medianos negocios cerraron en pérdidas en 2023, unos 600.000 siguen con serios problemas de liquidez y el 26 % aumentó el endeudamiento durante ese año. «El nivel de resistencia de muchos de ellos está al límite, y 2025, con las incertidumbres que se nos están planteando, puede ser la puntilla», alertan desde Conpymes.