En 2025 las pensiones de los funcionarios del Estado superarán los 24.000 millones, un 62 % más desde que gobierna Sánchez

El hecho de no tener Presupuestos Generales del Estado le está abriendo nuevos agujeros cada día a este Gobierno, que no entiende que no se puede gestionar un país con las partidas aprobadas en noviembre del 2022. Estamos en el año 2025, donde muchas cosas han cambiado y, sobre todo, subido: los intereses de la deuda, el incremento de pensiones y salarios públicos, y la contratación de más trabajadores para la Administración.

Hoy quiero contar lo que nos cuestan las clases pasivas, para lo que creo que es fundamental hacer una pequeña explicación de por qué existen y en qué consisten. El régimen de clases pasivas surgió como un sistema de protección social específico para los funcionarios del Estado. Su objetivo principal era dar cobertura económica a aquellos que habían dedicado su vida al servicio público, garantizando una pensión tras su jubilación o retiro, además de reconocer y compensar su dedicación y compromiso.

Hoy estas prestaciones las reciben funcionarios civiles del Estado, militares de carrera y asimilados, funcionarios de la Administración de Justicia y personal de las Cortes Generales.

Las prestaciones que reciben son similares a los de la Seguridad Social y se componen de pensiones de jubilación o retiro, para funcionarios públicos que se retiran del servicio activo; de pensiones de viudedad y orfandad, para familiares de los titulares fallecidos; pensiones en favor de familiares, pagadas en ausencia de cónyuge o hijos con derecho a pensión; y pensiones extraordinarias, pagadas por incapacidad o fallecimiento en acto de servicio.

Para que veamos cómo han ido evolucionando a lo largo de la llegada de este Gobierno, he cogido los datos que publica el Ministerio de Hacienda y muestro la evolución que está teniendo el coste de las pensiones de las clases pasivas, que se suma a las pensiones contributivas, y que debería de hacer saltar todas las alarmas a cualquier gobierno, porque el sostenimiento de las mismas puede llegar a hacer quebrar al Estado si no se toman medidas de racionalizar y optimizar el gasto público actual.

En enero de 2018, el gasto de las pensiones de la clases pasivas era de 1.029 millones de euros, con una pensión media de 1.620 euros y 635.145 pensiones, que se pagaron desde los presupuestos generales. Desde entonces el número de pensionistas ha ido creciendo de forma paulatina y hemos llegado a 722.381 lo que supone que, en estos 7 años, ha crecido un 13,7 % que equivale a 87.236 pensiones más, pero el gasto se ha disparado en un 61,3 % y en enero de este año hemos pagado 1.659 millones, que significan varias cosas:

1. Que todos los meses estamos pagando 630 millones más y que, por lo tanto, como mínimo este año las clases pasivas nos van a costar 8.824 millones más que hace 7 años.
2. Que con respecto a los últimos presupuestos aprobados en 2022 para 2023, vamos a pagar 195 millones más, que equivalen a tener que dotar como mínimo 2.728 millones más de euros que nadie, ni el gobierno ha presentado un plan de como lo va a financiar.
3. Que este año las clases pasivas van a necesitar un esfuerzo económico de casi 24.000 millones de euros.

Los gastos necesarios de nuestros país, pensiones contributivas, clases pasivas, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, justicia, defensa, vivienda e infraestructuras, deberían de estar encima de la mesa, saber lo que nos cuestan y poder poner un plan de trabajo serio y profesional de dejar de regalar subvenciones a troche y moche a todo amigo que se mueve por la esfera mundial, para que no pase lo que pasaba con los Ábalos de turno, que pedían a los intermediarios que subiesen la petición a un 150 % para quedares con la comisión del 50 %

Se necesita ya la intervención del Tribunal de Cuentas y una auditoria del derroche público

Además se necesita ya la intervención del Tribunal de Cuentas y una auditoria del derroche público para ajustar ingresos a gastos sin aumentar la dictadura fiscal a la que estamos sometidos, para poder pagar lo que realmente es justo y necesario.

Implantar una Intervención General de la Administración del Estado, independiente de los gobiernos, formado por funcionarios del Estado, que sepan que la única razón para ser removidos de su puesto es por la declaración de falsedad en las cuentas Públicas evaluadas por el Tribunal de Cuentas, la elección de los cargos ejecutivos se realice por votación entre los funcionarios de carrera con más prestigio y antigüedad en los puestos.

Pero, sobre todo, que no permitan a ningún gobierno que sus ministros se lo lleven a manos llenas o que lo regalen para sacar prebendas personales como está sucediendo en estos momentos con el Gobierno que vino a limpiar a España de corrupción y lo que ha conseguido es llenarla de mierda hasta arriba.

Hay que sostener nuestra economía del bienestar, no el despilfarro público que tenemos, hay que hacer un plan que optimice y racionalice nuestro gasto público y si no se hace desde el gobierno, ni desde los partidos, habrá que promoverlo desde la sociedad civil.

Nuestras clases pasivas tienen los mismos derechos que nuestros pensionistas y nuestros ciudadanos que pagan sus impuestos, a recibir correctamente lo que necesitan.