La ley de vivienda no funciona: el precio del alquiler se ha incrementado un 13,2 % en el último año

La Fundación Civismo ha publicado el estudio Ley de vivienda: dos años después, que pone de manifiesto cómo la combinación de una demanda creciente, una oferta insuficiente y una regulación restrictiva está agravando la crisis de acceso a la vivienda en España. Sin soluciones estructurales y una visión a largo plazo, advierten, el problema continuará empeorando.

Según señalan los autores, la crisis de acceso a la vivienda en España se ha intensificado en los últimos años debido a diversos factores estructurales, demográficos y regulatorios. La oferta insuficiente de vivienda en alquiler y propiedad, el encarecimiento de los costes de construcción y la escasez de suelo urbanizable han generado un mercado cada vez más tensionado, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Las políticas que priorizan la «función social de la propiedad» por encima del derecho a la misma han provocado un descenso de la oferta de vivienda en alquiler. En consecuencia, los propietarios han optado por modelos de arrendamiento más flexibles y menos regulado. En Barcelona, el 30 % de los contratos de alquiler firmados en el último año corresponden a este tipo de modalidades, mientras que en Madrid representan el 15 % y en Málaga y Valencia, el 13 %.

El informe recuerda que en España se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas al año, una cifra muy por debajo de la necesidad real de 230.000 a 250.000 nuevas viviendas. La falta de suelo urbanizable ha disparado los precios de las parcelas en zonas con alta demanda, sumándose a otros factores como el encarecimiento de los materiales y la escasez de mano de obra cualificada, lo que reduce la viabilidad de nuevos desarrollos residenciales.

Además, España cuenta con un escaso 2,5 % de su parque de vivienda destinado a protección oficial o vivienda asequible, muy lejos del 9,3 % promedio en la Unión Europea. En 2006 se construyeron algo más de 97.000 viviendas protegidas, mientras que en 2023 la cifra ha caído drásticamente a 12.300 viviendas. Por ello, los autores del informe avisan de que es urgente impulsar un modelo de vivienda protegida que garantice seguridad a los inversores, rentabilidad para los promotores y accesibilidad para las rentas medias.

En abril de 2023, durante la campaña electoral, el Gobierno anunció un plan para movilizar 184.000 viviendas asequibles. Sin embargo, hasta la fecha, desde la Fundación advierten que no se ha construido ninguna de ellas y las pocas viviendas existentes que se han destinado al alquiler social representan menos del 50 % de lo prometido.

Desafío creciente

El precio del alquiler en España ha subido un 13,2 % en el último año, reflejando tanto la escasez de oferta como el aumento de la demanda. Además, el envejecimiento del parque de viviendas es un desafío creciente: el 41,38 % de las viviendas en España tienen entre 30 y 49 años; el 29,6 % entre 50 y 69 años; y el 29,9 % más de 70 años.

Cerca del 18,79 % de las viviendas principales presentan problemas de aislamiento, lo que evidencia la necesidad de planes de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética con incentivos fiscales adecuados.