El fiasco de la Ley de Dependencia: más de 900.000 personas han fallecido sin ser atendidas

La red pública de cuidados presenta graves síntomas de ineficiencia financiera y administrativa que dejan a miles de personas fallecidas sin haber recibido prestación alguna. Un escenario impredecible en 2006, cuando la España de Zapatero se convertía en país pionero al incluir la asistencia de dependientes entre los derechos estatales. Sin embargo, esto no quedó más que en el papel (mojado) y, en la práctica, 94 personas mueren cada día sin recibir ayuda.

Solo en 2024, casi 35.000 ciudadanos fallecieron esperando algún tipo de respaldo público, como la atención domiciliaria o una plaza en una residencia, según la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales. La burocracia es la condena de los dependientes, pero también lo ha sido la austeridad y los recortes del Partido Popular: se estima que 900.000 personas han muerto en listas de espera desde la aprobación de la Ley en 2008.

Un modelo de bajo coste

La ayuda que sí llega en vida tampoco es suficiente: en vez de disponer de servicios profesionales, se limita a pagar prestaciones mínimas (269 euros al mes) a algún familiar –siendo tres de cada cuatro mujeres– por cuidados 24/7. «Los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia», denuncian los directores sociales en su último informe.

Resolver la situación de vulnerabilidad de este colectivo fue uno de los compromisos adquiridos por el PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno. Equiparar la financiación estatal y autonómica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) era una de sus pretensiones, pero el objetivo se antoja lejos; sobre todo, tras no haber obtenido el apoyo suficiente para aprobar las cuentas anuales.

Actualmente, el gasto público en dependencia representa el 0,89 % del PIB, un porcentaje muy por debajo del promedio de la OCDE (1,55 %). En el año 2023, el Gobierno solo aportó el 29 % del gasto en Dependencia frente al 71 % de las CCAA. Las Comunidades que mayor porcentaje destinaron de sus propios presupuestos fueron País Vasco (83,9 %) y Navarra (80,8 %) y la que menos (es decir, la más financiada por la AGE) fue La Rioja (59 %), seguida de Galicia (59,3 %).

1.000 millones adicionales para que la reforma sea eficaz

El responsable de la cartera de Derechos Sociales parece haber movido (por fin) ficha. El Consejo de Ministros de este 11 de febrero aprobó el anteproyecto para reformar la Ley de Dependencia y de Discapacidad y, el pasado viernes, se abrió a consulta pública. El nuevo marco normativo pretende acabar con muchas de las limitaciones que han lastrado el sistema de cuidados y por las cuales, a comienzos de 2025, había 270.000 en listas de espera. No obstante, los expertos advierten que, si las mejoras quieren hacerse realidad, es indispensable que los próximos PGE recojan 1.000 millones de euros adicionales.

Entre otros, la reforma elimina las incompatibilidades –es decir, permitirá que se puedan combinar diferentes servicios y ayudas económicas según las necesidades individuales, sin tener que elegir entre ellos–. También refuerza el servicio de ayuda a domicilio y universaliza la teleasistencia –lo que se traduce en que todo este grupo de población tendrá derecho a recibir servicios de teleasistencia, con independencia del resto de prestaciones que reciban–.

Los códigos postales dictan quién sí y quién no

La propuesta es ambiciosa, pero hay una cuestión de fondo aún sin resolver. Y es que la gestión de la oferta pública es compartida entre diferentes niveles de gobierno: el Estado marca la ley y la cofinancia; las autonomías organizan y garantizan el cumplimiento; los ayuntamientos acercan el servicio al ciudadano. ¿Están estos últimos preparados para una mayor intensidad de los servicios?

Lamentablemente, la respuesta varía en función del territorio al que se haga referencia. Aunque la Constitución obliga a establecer una equidad entre comunidades, asegurando una financiación justa y el desarrollo homogéneo del país, la realidad es bien distinta: ni la solidaridad ni la igualdad territorial reinan a lo largo y ancho del Estado.

Las grandes capitales, donde hay suficiente plantilla y recursos municipales, la transición será (previsiblemente) sencilla y, lo más importante, viable. Por el contrario, cientos de municipios de tamaño medio y el mundo rural no correrán la misma suerte si la financiación y los medios no acompañan. Las desigualdades son alarmantes. En esta línea, el presidente de la asociación de gerentes, José Manuel Ramírez, dibuja un sistema de dependencia que avanza a diferentes ritmos en función de la comunidad autónoma.

La intensidad media del servicio de Ayuda a Domicilio es de 33,6 horas al mes a nivel nacional, con variaciones según el grado de dependencia (15,3 horas para Grado I, 37,1 para Grado II y 57,3 para Grado III). País Vasco y Castilla y León lideran la cobertura, proporcionando más de 50 horas mensuales por beneficiario de Grado III. En contraste, comunidades como Canarias o Murcia no llegan a las 20 horas.

Al respecto de la teleasistencia, prácticamente todos los dependientes en domicilio tienen acceso a este servicio, mientras que, en Baleares o Galicia, más de la mitad de los dependientes aún no reciben teleasistencia. El Plan de Choque para la dependencia 21-23, impulsado por el anterior ejecutivo, estableció que toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio tuviera teleasistencia. Sin embargo, al ritmo actual, se necesitarían 23 años para alcanzar este objetivo.

Repensar el modelo

En 2050, España se convertirá en el cuarto país de la UE con la tasa más alta de personas dependientes. Una tasa que, actualmente, se sitúa en un 52 %, pero que subirá hasta el 95 % en 2064 si las tendencias demográficas actuales se mantienen. Los centenarios prácticamente se multiplicarán por cuatro en los próximos tres lustros. A pesar de estas predicciones, la atención a la dependencia no ha sido un tema candente.

En 2050 España se convertirá en el cuarto país de la UE con la tasa más alta de personas dependientes

La dependencia es un asunto que cuesta poner en agenda porque, lamentablemente, lo que no es productivo no es atractivo. Sin embargo, la atención a las personas en situación de dependencia es un reto mayúsculo en un contexto de pirámide invertida. ¿Estamos a tiempo de repensar la estructura de cuidados y adaptar la reforma (y la financiación) a las presentes y futuras necesidades antes de su aprobación? O, por el contrario, ¿seguiremos dejando la atención de los más mayores en un sistema austero y desigual?