La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Bruselas denuncia a España por discriminar fiscalmente a los no residentes
La Comisión considera que España vulnera el principio de libertad de movimientos de capitales
Bruselas sube de nivel la reclamación a España por la supuesta discriminación fiscal a los no residentes. La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por mantener un trato fiscal discriminatorio hacia los contribuyentes no residentes en la tributación por la obtención de plusvalías en la transferencia de activos.
El Ejecutivo comunitario acude a la Justicia europea porque considera que España vulnera el principio de libertad de movimiento de capitales al negar a los ciudadanos no residentes que tributan en España una posibilidad que sí ofrece a los contribuyentes residentes, según informó la institución en un comunicado.
En concreto, la legislación española permite a los ciudadanos residentes optar por aplazar el impuesto sobre las plusvalías cuando el pago de la transferencia de activos se aplaza por más de un año o se abona en plazos durante un periodo superior a un ejercicio.
En este caso, el impuesto se abona de forma proporcional a medida que se recibe cada plazo del precio, lo que permite un «beneficio de tesorería» puesto que únicamente se tributa por la parte de la plusvalía que corresponde a los pagos realizados.En el caso de los no residentes, no obstante, el impuesto se recauda de forma íntegra en el momento de la transmisión del activo, lo que impide que los contribuyentes no residentes se puedan acoger a la opción de aplazar el pago del tributo incluso «aunque reciban el pago a plazos a lo largo del tiempo».
A juicio de la Comisión Europea, este trato fiscal diferente provoca que los no residentes «se enfrenten a una importante desventaja desde el punto de vista de la tesorería en comparación con los residentes».
Bruselas abrió expediente a España por este hecho en diciembre de 2021 y lanzó un ultimátum para que se cambiara la legislación en mayo de 2024, pero las autoridades españolas «han mantenido que su legislación tributaria se ajusta al Derecho de la Unión» en sus «respuestas oficiales y diálogos técnicos» que han tenido lugar en este tiempo.
Por otro lado, la Comisión Europea ha dado un paso más en otro expediente a España en materia tributaria, en este caso por no haber adaptado sus normas sobre retenciones en origen aplicadas a pagos de cánones percibidos por ciudadanos no residentes.
Dos meses para responder
La legislación española establece que la retención en origen aplicada a los pagos de cánones se recauda, en el caso de los contribuyentes no residentes, sobre el importe bruto de los rendimientos y sin posibilidad de deducir gastos relacionados de forma directa.
La Comisión Europea considera que esto contradice la jurisprudencia de la Justicia europea y por eso ha decidido enviar a España un dictamen motivado (el segundo paso de los procedimientos de infracción).
Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias para subsanar la situación, o de lo contrario Bruselas podría elevar también el caso al Tribunal de Justicia.
