Sánchez encuentra la fórmula para gobernar sin Presupuestos y engordar el gasto en deuda y defensa

«Tener presupuestos es el escenario ideal para cualquier gobierno, pero no tenerlos no es un impedimento para gobernar». La frase es de Óscar Puente, pero se ha escuchado, en términos similares, a cualquier otro ministro del Gobierno con competencias económicas en las últimas semanas. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vino a reconocer este jueves que no necesita de unas Cuentas para incrementar el gasto en defensa, como aseguró a un diputado del BNG.

A la espera de si el pacto con Junts para que la Generalitat asuma las competencias de inmigración, y la condonación de deuda a las comunidades autónomas, ayudan a desbloquear el proyecto de Presupuestos para este año, lo cierto es que Sánchez ahora se siente cómodo gobernando sin cuentas. Un escenario muy distinto al de, por ejemplo, 2019, cuando llegó a convocar elecciones ante la falta de apoyo a sus cuentas.

La clave es que, durante la pandemia, ha desarrollado todo un entramado que le habilita a salvar sin grandes contratiempos los grandes obstáculos en materia de gasto a raíz de la pandemia. Un ejemplo reciente: cuando Sánchez comprometió desde Kiev mil millones extra en ayuda militar para Ucrania, hace escasas semanas.

Los últimos datos publicados de la Intervención General del Estado, que no incluyen el mes de diciembre, muestran cómo el Gobierno ha esquivado la falta de Presupuestos disparando las ampliaciones de crédito. Hasta noviembre, el presupuesto de gastos se incrementó en 49.942 millones de euros, 2,5 veces más que en 2023, cuando alcanzaron los 14.048 millones de euros, como adelantó El Confidencial. Todo ello sobre unas cuentas, las de 2023, que ya se diseñaron para ser expansivas en gasto, para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y gracias a que ya no estaban vigentes las reglas de gasto, en suspenso por la pandemia.

«El Gobierno ha encontrado la fórmula para no necesitar a las Cámaras para gobernar, porque desde el Consejo de Ministros, en cada reunión, se pueden aprobar semana a semana nuevos gastos en donde se necesiten», advierte el economista José Ramón Riera, quién fue el primero en dar la voz de alarma sobre el inusual volumen de las modificaciones presupuestarias, ya en septiembre del año pasado.

De esta cuantía, destaca la destinada a la amortización de deuda pública, que supera los 22 mil millones de euros. En total, las operaciones financieras totalizan 30.500 millones de euros, el 61 % del total, incluyendo 9.785 millones de euros para la concesión de préstamos al sector público.

En cuanto a las operaciones no financieras, destaca la modificación al alza de 16.933 millones de euros a los organismos autónomos. Cabe recordar que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho precisamente bandera de que sí es posible actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas aunque no haya Presupuestos Generales del Estado, algo que negó su predecesor, Cristóbal Montoro.

Por políticas de gasto, destaca por su volumen, además de la modificación al alza de 25.398 millones en el capítulo de deuda pública, el incremento del gasto en defensa hasta 2.250 millones, y el alza de la partida para investigación, desarrollo, innovación y digital en otros 2.490 millones.

La Ley General Presupuestaria fija el marco tanto para las modificaciones presupuestarias como para las transferencias de crédito, así como para incorporar crédito no gastado de ejercicios anteriores o para habilitar créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Algo, esto último, que puede realizarse recurriendo al Fondo de Contingencia o a la emisión de deuda pública cuando deba realizarse algún gasto con cargo al Presupuesto del Estado que no pueda demorarse al ejercicio siguiente; no exista crédito adecuado, no sea suficiente o ampliable y cuando su dotación no resulte posible por ninguna otra figura.

Precisamente la AIReF acaba de alertar de que hasta el 43 % del Fondo de Contingencia se destina en realidad a defensa o al pago de sentencias judiciales. Gastos en realidad muy alejados del objetivo de este fondo, destinado a hacer frente a emergencias sanitarias o desastres medioambientales. Pese a ello, la «defensa de la paz» se ha llevado el 33 % el total del fondo desde 2012, unos 11.500 millones de euros.

Pese a las limitaciones que contempla la Ley, el Gobierno, para satisfacer sus necesidades, ha logrado encontrar gran flexibilidad. Un ejemplo fue redirigir fondos del Capítulo VIII del presupuesto de gastos de las cuentas de 2023 para entrar en Telefónica, un mecanismo que los economistas consultados por El Debate calificaron entonces de «poco ortodoxa» e «irregular».

«La autorización para gastar que aparece en las leyes de Presupuestos debe concebirse como una autorización flexible. En el Presupuesto caben modificaciones presupuestarias», explican los catedráticos Miguel Ángel Martínez Lago y Santiago Lago Peñas en La prórroga para 2024 de los PGE, publicada por el Instituto de Estudios Económicos. Dichas modificaciones «son una competencia de las propias Cámaras parlamentarias que otorgaron la autorización de gasto, y otras competencias de los órganos autorizados por aquellas, como el Gobierno o el Ministerio de Hacienda». Algo que ha sido validado además por el Tribunal Constitucional, incluyendo en casos como el actual, en el que las cuentas están prorrogadas (por segundo año consecutivo). Ambos expertos, sin embargo, advierten que una sentencia del Constitucional de 2003 «parece orientarse en otra dirección, limitativa de las facultades de modificación, cuando se produzca una situación de prórroga presupuestaria dado el carácter excepcional que se atribuye a la misma»