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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús MonteroEuropa Press

Hacienda pone el punto de mira en los negocios que no aceptan tarjeta y en quien viva «a todo tren» sin justificación

El fisco vigilará con especial interés a las personas cuyo nivel de vida no se corresponda con lo que declaran y reforzará los controles en sectores con alto riesgo de existencia de economía sumergida

La Agencia Tributaria acaba de actualizar las líneas maestras de sus actuaciones para los próximos meses. En el Plan de Control Tributario 2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el fisco avanza que pondrá en el punto de mira en aquellos contribuyentes cuyo nivel de vida no se corresponde con lo que declaran.

En el apartado de investigación y control del fraude, se pretende, entre otras acciones, intensificar la vigilancia sobre operaciones que puedan esconder grandes alteraciones de patrimonio, el uso fraudulento de ventajas fiscales diseñadas para preservar la neutralidad de reestructuraciones empresariales y la ocultación de los beneficiarios reales de operaciones económicas significativas.

Así, como detalla Hacienda en un comunicado, el área de Inspección de la Agencia Tributaria incluye una línea específica de actuación para aquellos contribuyentes personas físicas que, a diferencia de los patrimonios relevantes más convencionales, mantienen una fuerte asimetría entre el nivel de vida real y el que figura en las declaraciones tributarias.

«Se trata de supuestos muy específicos, en los cuales el contribuyente mantiene un estándar de vida que no se compadece en absoluto con las rentas declaradas o el patrimonio conocido. Para ello, estas personas se valen de la utilización abusiva de sociedades instrumentales para desviar gastos personales, situar en ellas activos para su uso personal, simular arrendamientos de bienes y servicios, o encubrir rentas a través de préstamos ficticios», aclaran desde Hacienda.

En estos casos, el control de la Agencia Tributaria se centrará, entre otros aspectos, en el análisis de las estructuras creadas, con el fin de atribuir a las personas físicas como rentas el importe de todos los gastos e inversiones que, siendo de su disfrute exclusivo, se estén declarando como gastos deducibles o inversiones de las estructuras que han creado con fines defraudatorios.

Más allá de estos supuestos concretos de especial gravedad y complejidad, en el conjunto del tradicional análisis patrimonial de contribuyentes de alta capacidad económica se atenderá especialmente a la utilización de sociedades para la deducción de gastos personales, así como al aprovechamiento gratuito, o por precios no de mercado, de bienes de la sociedad por parte del socio y su círculo familiar.

Igualmente, se va a intensificar el control sobre determinados colectivos, como el de aquellos empresarios o profesionales sin ingresos de tarjetas cuando los pagos por esta vía sean habituales en su sector, o sobre aquellos que simulen una actividad económica y emitan facturas irregulares, así como especialmente en los receptores de esas facturas, que obtienen devoluciones indebidas de IVA y generan gastos ficticios. También se analizará el papel de los inversores que participen en estructuras asociativas de financiación como las agrupaciones de interés económico, canalizadoras de beneficios fiscales.

Además, en el ámbito de los no residentes se impulsará la regularización de las rentas o ganancias derivadas de inmuebles y las infrarretenciones en las rentas de artistas y deportistas. También este año la Agencia iniciará la adaptación de sus esquemas de devolución de retenciones de dividendos por IRNR a la directiva ‘Faster’, que contempla reglas armonizadas de emisión y validez de certificados de residencia y procedimientos para el ajuste de las retenciones practicadas.

Coto a la economía sumergida

La Agencia Tributaria mantendrá también presencia en sectores con alto riesgo de existencia de economía sumergida, realizando actuaciones coordinadas, entre otros supuestos, sobre contribuyentes que utilizan medios de pago radicados en el extranjero y que evitan las obligaciones de suministro de información a la Agencia.

De igual forma, los planes sectoriales de visitas pondrán el énfasis en el control de las terminales de venta (TPV) y otros sistemas de facturación al público, informando de la próxima entrada en vigor de las nuevas obligaciones relativas a los sistemas informáticos de facturación para evitar el uso del ‘software de doble uso’.

Al mismo tiempo, se impulsarán actuaciones de control sobre contribuyentes que hayan operado con monedas virtuales sin declarar las rentas o ganancias derivadas de su tenencia y transmisión.

Uso de IA, pago con Bizum y nuevas tecnologías

En el ámbito del comercio electrónico a través de plataformas, el presente año se podrá aprovechar ya para actuaciones de control la nueva información sobre pagos transfronterizos y la información aduanera vinculada al régimen de ventanilla única para la detección de infradeclaraciones de IVA. Además, desde la propia óptica aduanera, se explotarán nuevas tecnologías para la mejora de la identificación de envíos con posible infravaloración de la mercancía. También se impulsará, a partir del intercambio de información internacional ‘DAC7’, la identificación de propietarios e intermediarios en el mercado del alquiler turístico.

A su vez, la Agencia Tributaria iniciará este año el estudio de una serie de proyectos para utilizar la inteligencia artificial (IA) con el objetivo de reforzar la eficiencia de sus actuaciones. Entre ellos, las directrices del Plan de Control señalan la posible utilización por parte de la Agencia de un sistema que, ayudado por la IA, permita prever la demanda de asistencia que puedan requerir los contribuyentes, de forma que la oferta de asistencia por canales presenciales y no presenciales se ajuste lo más posible a la demanda real diaria existente.

A su vez, en 2025 se pondrá en marcha una segunda fase de simplificación del lenguaje administrativo que afectará a más de 4,1 millones de documentos al año, entre otras materias en el ámbito de la comprobación de IVA y Sociedades, las sanciones de IRPF y otros trámites de las áreas de Recaudación y Aduanas. De esta forma, se amplía a nuevos trámites y procedimientos el proceso de clarificación del lenguaje iniciado en el año 2023, cuando se modificaron ya más de 3,7 millones de documentos en términos anuales.

También se trabajará en la conversión del ‘Informador censal’ en un ‘Asistente virtual de censos’ y en la puesta en marcha de ‘Censos Web’, un servicio que facilitará al contribuyente el alta de actividades y el cumplimiento asistido del resto de obligaciones censales.

Este año, además, se admitirá paulatinamente el pago a través de Bizum, incluso en contextos de asistencia telefónica y presencial, y se ampliarán las posibilidades de pago con tarjeta de crédito o débito en condiciones de comercio electrónico seguro, permitiendo de forma generalizada el ingreso con este tipo de sistemas.

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