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Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados

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Negativa a deflactar el IRPF

La 'subida fantasma' de impuestos supera ya los 730 euros al año por familia

El aumento del 30 % de la presión fiscal, por la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF, impacta especialmente sobre los adultos con menores ingresos

La recaudación de impuestos bate, año a a año, un récord tras otro. Parte de ello se debe al casi centenar de subidas de impuestos aprobadas desde 2018, pero otra, no menor, tiene que ver con la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF para compensar el fuerte incremento de la inflación durante los últimos años.

La pandemia y la respuesta posterior, con una ingente inyección de recursos públicos, y la crisis energética generada por la invasión rusa de Ucrania han encarecido un 26,7 % la cesta de la compra de los españoles desde 2015. Como consecuencia, empresas y administraciones públicas han incrementado los salarios un 23 % en el mismo período, según el INE. Pero lo que no se ha adaptado son los tramos del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que ha convertido a Hacienda en la gran ganadora de la crisis inflacionaria.

En 2024, según la Agencia Tributaria, los ingresos totales se elevaron hasta los 294.734 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 8,4 % con respecto a 2023. El principal motor de este aumento fue el crecimiento de las bases, del 6,9 %, que motivaron un incremento de los ingresos por rentas del 8,9 %, cuando ya en 2023 habían crecido un 8 %. A modo de comparación, los ingresos por IVA se incrementaron 'solo' un 6 %.

Es lo que los expertos denominan «progresividad en frío», toda una subida impositiva fantasma que el contribuyente percibe menos que una subida directa del IRPF. Pero que, según cálculos del gabinete de estudios Fedea, han supuesto a las familias un impacto de 736,39 euros más en su factura fiscal, según un cálculo elaborado para un hogar integrado por dos adultos y dos menores.

Además, el gabinete que dirige Ángel de la Fuente estima que el impacto ha sido mayor sobre aquellos contribuyentes de menores ingresos. «Para la familia en su conjunto el aumento de la presión fiscal (desde 2015) es del 30 %, con un efecto proporcionalmente mucho mayor en el caso del adulto con menores ingresos, que indica que la no indexación el impuesto perjudica especialmente a las rentas más bajas», afirma De la Fuente en un boletín recién publicado.

La reforma fiscal «no se ha cumplido»

En los últimos diez años, recuerda el experto, no se ha actualizado el mínimo personal y familiar y tampoco la escala general del tramo estatal del IRPF, excepto para elevarlo al alza, en 2020, en el caso del tramo de más de 300.000 euros, para elevarlo en dos puntos, hasta el 24,5 %. La consecuencia es que, según cifró el Banco de España, solo entre 2019 y 2023 Hacienda recaudó 'sin hacer nada' hasta 11.000 millones de euros más.

A ojos de Fedea, a pesar de que «se han ido implementando numerosas subidas fiscales a lo largo de los últimos años –entre ellas, las mencionadas sobre el IRPF, alzas del impuesto de Sociedades y de los Impuestos Especiales–», la reforma fiscal prometida a Bruselas «no se ha cumplido», al menos en los términos que recomendó el comité de expertos a los que María Jesús Montero encargó su diseño en 2022.

El informe de Fedea cuestiona especialmente «los arbitrarios gravámenes punitivos sobre las entidades financieras y ciertas empresas energéticas, seguramente inconstitucionales, y el impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas que anula por la puerta de atrás la capacidad tributaria autonómica sobre el Impuesto de Patrimonio».

Y añade, en un duro dictamen, que las modificaciones, amén de contradictorias entre sí en ocasiones, «se introdujeron en el Parlamento por la puerta de atrás» en el caso de las más recientes, «mediante una enmienda a un proyecto de ley ya en tramitación, con el fin de evitar los preceptivos informes de los Ministerios competentes y otros organismos. Todo un ejemplo de lo que no debe ser una reforma fiscal y de cómo no debería tramitarse en un estado de derecho».

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