El fracaso en Cataluña desacredita la propuesta de Yolanda Díaz de intervenir los precios del alquiler

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado por intervenir el precio de la vivienda en alquiler ante la «crisis de desigualdad brutal» con precios «absolutamente insoportables» que sufre el mercado. Se trata de una medida que los expertos del sector desaconsejan ante el riesgo de que, como ha ocurrido en Cataluña, ahuyente a los propietarios con el consiguiente incremento del precio.

«Hay que intervenir el precio de la vivienda. Hay que actuar contra esas once comunidades del Partido Popular que se rebelan frente a la ley de vivienda. Hay que meter mano a los fondos de inversión que concentran los alquileres en nuestro país y son los que están jugando con la vida de la ciudadanía», señaló la ministra en RNE.

Aunque la injerencia de Estado en el mercado del alquiler es una vieja aspiración de Sumar, nunca la vicepresidenta se había mostrado tan firme al respecto. Y es que, de acuerdo con el Barómetro de Opinión del CIS, la vivienda es el principal problema de los españoles por delante de la corrupción y la inmigración, por lo que todos los partidos promueven sus ‘recetas’ en asunto clave para captar voto joven y no tan joven en nuestro país.

Lo llamativo es que la intervención del mercado goza de pocos defensores, especialmente tras el fracaso que ha supuesto la aprobación de la ley de vivienda y la fiscalización de las zonas tensionadas en Cataluña.

Dos años después de la entrada en vigor del polémico texto, la oferta de inmuebles en alquiler de larga duración ha caído un 15 % mientras que la demanda se ha incrementado un 214 %, según el Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquiler. Esto se debe a la huida en masa de propietarios —unos 80.000, según los expertos— que ha preferido sacar sus inmuebles del mercado para destinarlo a la venta, al alquiler turístico u otras modalidades.

Esta situación se ha ensañado especialmente en Cataluña, donde la declaración de zonas tensionadas ha incrementado la presión de la demanda hasta extremos desconocidos hasta ahora. Esta medida permite a las comunidades aplicar diferentes mecanismos de control de precios como la limitación al alza de los arrendamientos. Además, se prohibió la indexación del precio a la inflación, con topes muy lejos de la subida de precio.

Esto ha provocado que, si la caída de la oferta media de vivienda en alquiler ha sido del 18,1 % en la Comunidad de Madrid o del 13,4 % en Andalucía desde 2019, en Cataluña este porcentaje ha sido del 45,7 %. Como señalan los expertos, arrendar un piso en Barcelona es ahora cuatro veces más difícil que en Madrid.

«Establecer un precio máximo en el alquiler está expulsando la oferta porque los propietarios no quieren poner su vivienda a los precios que establece el Gobierno con los riesgos que conlleva de ocupación y de más», señala José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria y colaborador de El Debate.

Según este economista, el anuncio de Díaz responde a «puro populismo». «Les interesa un mensaje de que intervienen el mercado y acaban con la especulación, pero el resultado les da totalmente igual. La política económica es una política de gestos, aunque hay gestos que salen muy caros», añade.

Desde el despacho fiscal Golden Partners, especializado en real estate y con una amplia cartera de clientes en Cataluña, confirman que esta dinámica viene agravándose desde hace al menos tres ejercicios. «Estamos viendo cómo tanto pequeños propietarios como grandes tenedores están optando por retirar sus inmuebles del mercado del alquiler, incluso a pesar de que ello implique asumir una mayor carga fiscal por imputación de rentas inmobiliarias en su IRPF», explican fuentes del despacho.

Según añaden, «la inseguridad jurídica, las restricciones normativas y el riesgo creciente de impagos u ocupaciones han llevado a muchos de nuestros clientes a preferir mantener sus viviendas vacías antes que asumir los costes y riesgos que implica alquilarlas bajo este entorno regulatorio».

Malas prácticas

El control de precios, además, ha causado la proliferación de prácticas inapropiadas tanto por arrendadores como arrendatarios en la gestión de vivienda como la simulación de contratos de temporada o habitaciones, el incremento indebido de rentas, el subarrendamiento sin consentimiento de propietarios y, por supuesto, la ‘inquiokupación’.

Para José Ramón Zurdo, CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, «gran parte de estas malas prácticas podrían evitarse si no existiera una legislación tan intervencionista, que obliga tanto a arrendadores como a arrendatarios a incumplirla para alcanzar sus objetivos».

Ejemplos en el extranjero

España no es el primero en apostar por un modelo intervencionista. Alemania, Suecia, Francia o Países Bajos también han aplicado fórmulas para intentar contener el alza de precios con resultados similares.

El Gobierno alemán introdujo en 2015 un mecanismo que permitía a las administraciones locales limitar el importe máximo respecto a un índice de referencia. Cuatro años después modificó la norma para evitar la caída de la oferta y el incremento de precios y finalmente se decidió su expiración para finales de 2025; sin embargo, el nuevo Ejecutivo de coalición ha decidido prolongar hasta 2029 la medida.

En Francia, Hollande y, más tarde, Macron, pusieron en marcha leyes para limitar los precios, pero no ha impedido que los precios siguen subiendo a pesar de las estrictas sanciones.

Suecia, por su parte, instauró un sistema de colaboración público-privado tras la II Guerra Mundial que, aunque ha contenido los alquileres, ha provocado un ‘mercado negro’ de arrendamientos y listas de espera que pueden extenderse durante años en las zonas más pobladas.

El caso más reciente es el de Holanda, que aprobó el pasado año una ley de alquiler asequible para cerca de tres millones de viviendas. A los pocos meses de su aplicación, la oferta ya se había reducido en casi un 40 %.

Vivienda pública

Todos los expertos coinciden en que la única forma de reducir la escalada de precios consiste en aumentar la oferta, pero las condiciones no invitan al optimismo. De las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez apenas se ha entregado un 5,5 % y nuestro país sigue a la cola de Europa en vivienda pública en alquiler asequible o social. Además, el impulso en vivienda pública no arranca y el Ministerio se empeña en falsear los datos incluir inmuebles incentivos o sociales de propiedad privada en los registros de parqué público.

El sector privado, por su parte, se enfrenta a una tormenta perfecta. Falta de suelo, escasez de mano de obra, incremento de costes, falta de seguridad jurídica, dificultades para la financiación y la financiación elevada han llevado a constructores, promotores y arquitectos a pedir un pacto de Estado por la vivienda. Díaz, sin embargo, mantiene un discurso que ya no es ideológico, sino contumaz.