Uno de cada cuatro euros de las pensiones se sufraga hoy con déficit público
Se pagará con déficit
Desde hoy, el sistema de pensiones es insostenible
A partir del 3 de octubre, las cotizaciones se agotan y las nóminas de jubilados dependen íntegramente de transferencias estatales que disparan el déficit
España ha agotado ya este año todos los ingresos de la Seguridad Social destinados a pagar las pensiones. Desde este 3 de octubre, cada nómina de jubilados se financia en parte con transferencias del Estado y con nueva deuda. Es lo que el Instituto Juan de Mariana ha denominado el Día de la deuda de la Seguridad Social, una fecha simbólica que marca el momento en el que las cotizaciones de trabajadores y empresas dejan de ser suficientes para cubrir el gasto en pensiones.
El cálculo se basa en la estimación anual que elabora este centro de estudios independiente, que cada ejercicio determina en qué momento se consumen los ingresos propios del sistema. En 2025, la fecha se sitúa en el 3 de octubre, lo que refleja que la Seguridad Social tarda apenas nueve meses en agotar sus recursos y que la dependencia de transferencias estatales es cada vez mayor.
Esto se traduce en que uno de cada cuatro euros de las pensiones se sufraga hoy con déficit público. Según el Instituto Juan de Mariana, ese 25 % no se financia con las cotizaciones de trabajadores y empresas, sino con transferencias del Estado cubiertas con impuestos y endeudamiento.
Las cuentas del sistema reflejan un déficit mucho mayor de lo que el Ejecutivo reconoce. El balance de 2024 cerró con un desfase de 12.200 millones de euros (0,8 % del PIB). Pero si se eliminan las transferencias del Estado que lo maquillan, el agujero real ascendió a 66.206 millones, un 4,17 % del PIB.
Además, la deuda acumulada por la Seguridad Social supera ya los 126.000 millones de euros, mientras que su patrimonio neto negativo roza los 100.000 millones. Según el Instituto Juan de Mariana, desde 2005 el Estado ha tenido que inyectar más de 400.000 millones de euros para mantener el pago de las pensiones, el equivalente al PIB de Austria o Noruega.
Pese a estas cifras, el Gobierno insiste en que el sistema no corre peligro. «El sistema de pensiones en nuestro país está garantizado, es sostenible», defendió la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado mes de agosto en un encuentro en Gijón. De hecho, el Ejecutivo destacó que la reforma de José Luis Escrivá había permitido pasar con éxito el primer examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de marzo.
La AIReF recordó que cumplir la regla de gasto no significa que no haya que tomar medidas adicionales
Lo cierto es que el análisis del organismo fiscal no fue tan optimista. La AIReF constató que se cumple la llamada regla de gasto en pensiones pactada con Bruselas, que limita el gasto neto al 13,3 % del PIB en promedio hasta 2050. Según sus cálculos, España se queda en el 13,2 %, por lo que no es necesario activar nuevas subidas de cotizaciones. La presidenta de esta institución, Cristina Herrero, fue muy clara en la presentación del informe cuando advirtió que la sostenibilidad del sistema «no ha mejorado respecto a las previsiones publicadas en 2023».
El propio informe advierte de que la regla de gasto tiene «limitaciones y debilidades», ofrece una visión «parcial» y es «excesivamente sensible» a revisiones estadísticas del PIB. Y concluye recordando que «cumplir la regla de gasto no significa que no haya que tomar medidas adicionales, sino todo lo contrario». Es decir, un aprobado muy justo.
Fedea denunció que la AIReF se había visto «empujada» a conceder el aprobado tras una maniobra del Gobierno
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) también se manifestó al respecto. Su director, Ángel de la Fuente, alertó de que la AIReF se había visto «empujada» a conceder el aprobado después de que el Gobierno publicara un decreto que permite contabilizar como ingresos del sistema transferencias del Estado que en realidad no son tales.
«Esto puede desvirtuar la condición de sostenibilidad, porque permite reducir el gasto neto a base de contabilizar nuevos ingresos que realmente no lo son desde el punto de vista de las cuentas públicas», denunció entonces De la Fuente. En su opinión, si se excluyeran esas transferencias, el sistema de pensiones suspendería el examen y sería necesario activar la cláusula automática de ajuste con recortes de gasto o subidas de cotizaciones.
El espejismo de la hucha
La llamada «hucha de las pensiones» tampoco ofrece demasiada seguridad. El Fondo de Reserva acumulaba en 2024 unos 9.400 millones de euros, suficientes para apenas 16 días de nómina de jubilados. Sin embargo, su crecimiento no se debe a superávits reales, sino a la recaudación extra del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo sobre las cotizaciones de trabajadores y empresas.
«Si España quiere evitar que las pensiones devoren la mitad de la recaudación fiscal en las próximas décadas», concluye el informe del Juan de Mariana, «será necesario abordar reformas que garanticen el equilibrio intergeneracional, reduzcan la dependencia de transferencias estatales y devuelvan a la Seguridad Social una senda de viabilidad a largo plazo».
