Las eléctricas empiezan a trasladar todo el peso de la subida de la energía sobre sus clientes fijos

Los millones de hogares españoles suscritos al mercado libre –que durante los últimos meses han conseguido escapar de los vaivenes del mercado eléctrico y gasístico– han comenzado a recibir notificaciones por parte de sus compañías energéticas. En ellas, les comunican los nuevos precios fijos que comenzarán a pagar a partir de ahora. Un ajuste al alza que en algunos casos multiplicarán por tres sus recibos mensuales.

«En esta carta queremos informarte del nuevo precio aplicable a tu contrato para el periodo anual», afirma Iberdrola en una comunicación dirigida a uno de sus clientes. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán explica que a partir del próximo junio –mes en el que el usuario debe renovar su contrato del gas– el precio a pagar pasará de los 1.222 euros al año a los más de 4.000 euros que deberá afrontar a partir de ahora. «Tus nuevos precios serán de 26,05 euros/al mes para el término fijo y de 0,199553 euros/KWh para el término variable, impuestos incluidos», apunta.

Una enorme subida del tramo variable de la factura del gas, que multiplica por más de cuatro lo soportado durante los últimos doce meses. En su misiva, Iberdrola recuerda en varias ocasiones que el cliente puede «cambiar o rescindir el contrato sin coste alguno». Detrás de este repunte de los precios, se esconde el incremento acelerado que la energía ha sufrido desde el pasado mes de junio de 2021.

Además, la compañía que preside Sánchez Galán ha comenzado a advertir –también a los pequeños consumidores– de que podría empezar a romper contratos sin indemnización si el Ejecutivo aplica el artículo 3 del Real Decreto de medidas urgentes aprobado en septiembre. La medida en discordia busca forzar a las grandes eléctricas a poner a disposición del mercado su producción de energías 'baratas', principalmente la nuclear o la hidráulica.

El tope al gas, al margen

La comunicación enviada por las eléctricas es ajena al tope del precio del gas que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de la próxima semana. El Ejecutivo afirma estar perfilando los últimos flecos técnicos. Sin embargo, de ellos depende que los 17 millones de usuario acogidos a este tipo de tarifa reciban una nueva carta con nuevas malas noticias.

«En cualquier contrato de este tipo hay una cláusula que dice que, si el Gobierno les traslada un nuevo impuesto o cargo, ellos lo repercutirán automáticamente sobre el cliente», recuerdan fuentes del sector en declaraciones a El Debate. La rueda de prensa posterior a esa reunión del equipo de Pedro Sánchez, será clave. En ella se conocerá quién se hace cargo de la subvención que implica ese tope del precio del gas que promete rebajar el pool’ hasta los 130-140 euros/MWh.

La clave, ¿Quién paga la subvención?

«Hay dos posibilidades», anticipan. La norma podría repartir el coste extraordinario sobre todos los consumidores, independientemente del tipo de tarifa contratada. En este caso, se beneficiarían aquellos acogidos a la tarifa regulada (PVPC), que –aunque deberían hacerse cargo de parte de la subvención– se verían favorecidos por la caída del pool. En contra, los clientes del mercado libre serían los grandes perjudicados. De articularse de esta manera, no se verían beneficiados por la caída de mercado mayorista pero asumirían una parte del sobrecoste de la subvención.

Por el contrario, si se decide imponer el peso de la subvención sobre los hombros de los consumidores del PVPC, ese coste se llevaría por delante la rebaja que implica el tope al precio del gas.

Francia o Marruecos podrían comprar energía subvencionada por España

Al margen quedan otros aspectos técnicos, que tampoco son menores. Una de las incógnitas que el Gobierno desvelará la próxima semana es qué ocurrirá con la energía exportada. El Ejecutivo anticipó hace unos días que Bruselas no había aceptado la celebración de dos subastas diferentes. Una para el mercado doméstico, y otra para terceros países.

Es por ello, por lo que España podría comenzar a vender energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal, sus principales clientes. Un punto –este último– que de llevarse a cabo «encarecerá aun más el precio final», reconocen desde el sector. «Si esto es así, cuando la medida se publique en el BOE, los consumidores volverán a recibir una carta de sus compañías eléctricas».