Fundado en 1910

El BCE urge al Gobierno a frenar su impuesto a la banca porque pone en riesgo el crédito

  • El supervisor europeo ha emitido un dictamen donde cuestiona abiertamente el nuevo tributo por entender que puede provocar «efectos contraproducentes» sobre la economía

Dictamen hostil del Banco Central Europeo al plan del Gobierno de Pedro Sánchez a introducir un nuevo impuesto sobre la banca con el que el Ejecutivo pretendía recaudar, junto al de las energéticas, hasta 7.000 millones de euros en dos años.

La medida debería entrar en vigor en 2023, pero ha recibido la oposición del supervisor europeo, que acaba de emitir un juicio a modo de respuesta al Congreso de los Diputados, donde en la actualidad se tramita. Así, el BCE cuestiona abiertamente este nuevo tributo al entender que puede provocar «efectos contraproducentes» sobre la estabilidad financiera y el crecimiento económico del país.

El BCE pide un análisis exhaustivo

El dictamen, que va firmado por la presidenta Christine Lagarde, hace una serie de advertencias en contra al plan que propusieron PSOE y Unidas Podemos al entender que esta propuesta legislativa «debe ir acompañada por un análisis exhaustivo» de posibles consecuencias perjudiciales para el sector bancario.

En este sentido, el Banco Central Europeo recuerda que «la materialización de riesgos a la baja en el entorno actual puede reducir de manera significativa la capacidad de pago de los deudores».

Esto provocaría que «el efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito podría ser posiblemente menos positivo, o incluso negativo, en un horizonte temporal prolongado».

El supervisor concluye que «esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos».

Claves

Hasta ahora, el BCE no se había pronunciado sobre el contenido del impuesto, pero su vicepresidente, el español Luis de Guindos, insistió en que este nuevo tributo no debía encarecer la financiación ni restringir el crédito.

En opinión de varios expertos, este impuesto acabaría traduciéndose en más comisiones y en el endurecimiento de las condiciones de los préstamos.

Y es que cuando el Gobierno remitió a la Cámara Baja la medida para su tramitación, lo hizo sin aclarar algunas dudas. Una de ellas apuntaba al impacto que la tasa podía tener sobre el cliente final. Esto es, que tanto los bancos, como las petroleras, gasistas y eléctricas, terminaran por trasladar el sobrecoste sobre los usuarios en forma de comisiones, recibos o suplementos.

¿Y ahora qué?

Aunque el mencionado dictamen no es vinculante para el Ejecutivo, sí es una advertencia complicada de ignorar por la influencia que tienen sus conclusiones sobre los inversores.

La opinión del BCE con la medida española es continuista respecto a veredictos anteriores emitidos con anterioridad para otros países miembros de la Unión Europea.

Así, el supervisor ya puso sus objeciones a iniciativas fiscales parecidas en países como Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumanía, a los que transmitió su idea de que este tipo de impuestos no deben tener la finalidad de recaudar, sino, como mucho, el de cubrir el coste de una posible quiebra del sistema financiero.