Bruselas quiere hacer la vida fácil a las pymes con un sistema europeo de tributación

En Europa existen 24 millones de pequeñas y medianas empresas (pyme) que representan el 99 % del total y dos tercios de los puestos de trabajo del sector privado. Sin ellas, no existiría tejido económico y social.

Tal y como ha reconocido el comisario de Mercado Interior Thierry Breton en rueda de prensa este martes, «estamos en un estado de permacrisis». Esto es, de crisis permanente como consecuencia de los últimos años: desde COVID, la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis energética y el aumento de la inflación.

Uno de los sectores más castigados es precisamente en de las pyme. Los retrasos en los pagos comerciales reducen las inversiones y el lastre en el crecimiento contribuye a la descofianza empresarial. Europa ha perdido fuelle respecto a otros competidores y quiere recuperar territorio perdido.

En términos de financiación, la Comisión prevé poner a disposición de las pyme más de 200 000 millones de euros en el marco de sus diversos programas de financiación hasta 2027. Esto incluye cantidades notables con cargo a los Fondos de Cohesión de la UE (65.000 millones de euros) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (45.200 millones de euros) dedicados a medidas directas e indirectas de apoyo a las PYME, ayudándolas en su proceso de transformación.

Menos es más

La Comisión Europea quiere seguir el principio «One in, one out», es decir, cada nueva regulación implicará la eliminación de otra, algo muy semejante a lo que guio a Donald Trump durante su mandato como presidente de Estados Unidos.

Propone en primer lugar una nueva regulación para atajar el retraso en los pagos a pymes, ya que actualmente solo un 40 % de las facturas se abonan a tiempo, según el análisis de Bruselas, que apunta a que las administraciones públicas y las grandes empresas son los peores pagadores.

«Un cuarto de las quiebras de pymes tienen su origen en retrasos de pago, que a veces llegan a 100 o 120 días», destacó en rueda de prensa el comisario Breton. Por eso ahora quieren rebajar los días hasta 30, y solo en casos especiales ampliar hasta 60. También se prevé introducir el derecho automático a reclamar intereses por demora y una penalización de 50 euros cuando no se respete ese plazo.

Otra de las medidas es implantar un sistema de impuestos europeo, que no una tarifa plana para todos. Los gobiernos tiene la capacidad de fijar los impuestos que deseen pero el sistema será unitario en toda la Unión.

Por otro lado, las empresas pagarán exclusivamente los impuestos en la sede en la que esté su sede fiscal, así se evitará lidiar con diferentes administraciones. Esto supondrá un ahorro de 32 % tan solo en los costes de administración (cerca de 34.000 millones de euros anuales, según los cálculos realizados por la CE).

Fuentes de la comisión aseguran que la reducción podría llegar hasta el 65%. Eso sí, se deberá pagar a las haciendas nacionales en función de la actividad correspondiente.

A este sistema solo podrían acogerse las empresas que tengan residencia fiscal en un país desde hace más de dos años y cuando su beneficio en el exterior no supere el doble del que generan en el país de residencia. El sistema se aplicaría un máximo de cinco años prorrogables.

Facilitar la gestión de demandas

Otro de los campos en donde se desea incidir es en la reducción de los tiempos para el procesamiento de demandas y quejas.

Según ha informado el comisario de Economía Paolini Gentioloni, en 2021 hubo 2.300 procedimientos en marcha entre Estados miembros para resolver problemas. Cada uno de estos se resuelve entre 2-3 años y cada procedimiento cuesta un millón de euros. «Es una presión innecesaria que queremos reducir», ha explicado.