El Gobierno no frena contra la propiedad privada y limitará aún más la subida de los alquileres

El Gobierno quiere reactivar la ley de la vivienda que lleva atascada en el Congreso desde el año pasado para que los topes al alquiler, una de sus reformas más polémicas, entren en vigor antes de que acabe el 2023.

El Ejecutivo, ante el atasco de la norma en el Congreso, maniobrará para que se apruebe este mismo mes de febrero.

Para ello, PSOE y Unidas Podemos necesitan el apoyo de sus socios parlamentarios habituales pero dos de ellos, ERC y EH Bildu, presionan para introducir una enmienda para controlar los precios del alquiler.

Grandes tenedores

Una de las últimas novedades que ha trascendido es que el Ejecutivo estudia rebajar el umbral de diez viviendas que define al gran propietario.

Hasta el momento, había un límite con esa cifra para ser considerado gran tenedor, pero con las nuevas modificaciones, la horquilla se situará entre las 5 y las diez viviendas «siempre y cuando la comunidad autónoma pueda acreditar que es un área tensionada».

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado en una entrevista con El Periódico de España que se trabaja en la consideración de gran tenedor para poder poner límites al precio de los alquileres, lo que afectará a los propietarios de entre cinco y diez pisos.

«Defendemos la contención de los precios», dice la ministra, «sobre todo en las zonas que se declaren tensionadas para que no se puedan producir incrementos abusivos». «Pero también un sistema para que a los pequeños propietarios, aquellos a los que no se les impone el límite del precio del alquiler, les pueda resultar atractivo rebajarlo».

Por qué fracasará

Limitar los precios al alquiler tendrá consecuencias sobre el mercado que no son las deseadas.

Cualquier arrendador pone un inmueble del que es propietario en régimen de alquiler para asegurarse unos ingresos que le permitan afrontar estos tiempos de alza inflacionista. Con la limitación actual del 2 % –a la espera de la entrada en vigor de la ley–, muchos de ellos no han prorrogado contratos o bien, han subido precios.

Según la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), los propietarios, desde el límite del 2 % impuesto por el Ejecutivo, han optado por no renovar, mediante prórroga, el contrato anual con el inquilino y en su lugar, firmar nuevos contratos de alquiler actualizados con los precios actuales del mercado, es decir, más elevados.

Cuando la ley de vivienda vea definitivamente la luz, algunos expertos advierten que la oferta se verá afectada y los esfuerzos del Gobierno por controlar los precios serán baldíos.