Esta es la manera de expulsar rápidamente a los okupas de las viviendas, según un juez

Uno de los muchos problemas a los que se enfrentan las personas que sufren okupación es la incertidumbre y la dificultad para recuperar su propiedad de manera rápida y efectiva. De hecho, a pesar de que habitualmente se trata de minimizar este problema que existe en España, es cierto que cada vez son más las víctimas de esta lacra en nuestro país.

Conseguir desalojar a los ocupantes ilegales se ha convertido en una tarea compleja para muchos. Los okupas suelen estar informados sobre las leyes y estrategias que pueden utilizar para prolongar su permanencia en la propiedad y dificultar su desalojo inmediato. A su vez, entre las tácticas comunes se encuentran presentarse como vulnerables, alegar situaciones sociales complicadas o incluso iniciar procedimientos legales.

Para los propietarios afectados, esto no solo representa una situación de incertidumbre y estrés emocional, sino también una carga financiera significativa debido a los costos asociados con los procedimientos y la posible reparación de daños en la propiedad. Por ello, sobre esto ha querido hablar el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro, quien ha publicado un libro llamado Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble.

«La ley de vivienda ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que curiosamente solo tenemos en España dentro del entorno europeo», afirma para referirse a los inquiokupas, es decir, las personas a las que se les alquila un piso y dejan de pagar pero no abandonan el inmueble.

La clave para expulsarlos

Tal y como afirman sus diferentes indicaciones, para evitar esperar años a que se trate el caso, se debe presentar la denuncia de los propietarios por la vía penal, lo que permitiría solicitar medidas cautelares, como la expulsión inmediata de los inquilinos que residen en el inmueble sin pagar.

El procedimiento penal puede ser más rápido que los procesos civiles tradicionales de desalojo, ya que permite al juez tomar decisiones más inmediatas sobre la ocupación ilegal y las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos de los propietarios legales.

Devolver la confianza a los ciudadanos para volver a invertir en viviendaVicente MagroMagistrado del Tribunal Supremo

Al mismo tiempo, en relación a la decisión de acogerse a informes de vulnerabilidad, algo que, según Magro, debería estudiarse con mayor profundidad, él expone que «la ley debería establecer un filtro de averiguación y no darlo por supuesto».

Finalmente, insiste en que «hace falta una política de vivienda que proteja a ambas partes, al arrendatario y al arrendador», y que, además, obligue a las administraciones a buscar una alternativa habitacional en un plazo determinado. «El problema es que actualmente no hay un plazo, y eso es lo que se debería hacer: si en un mes no se les ha encontrado una solución, yo simplemente los echo», defiende.