Las desigualdades de la LOMLOE dan la puntilla a la selectividad

Uno de los puntos que más preocupa de la Ley Celaá es el relativo a la cesión de competencias a las comunidades. Para la aprobación de la LOMLOE, el Gobierno pactó con sus socios nacionalistas el fin de la «centralización» establecido por la LOMCE, una decisión que afecta directamente a la prueba de acceso a la universidad, ya de por sí polémica por las diferencias en la dificultad de estos exámenes dependiendo de la región.

El preámbulo de la LOMLOE critica que «la LOMCE rompió con el equilibrio establecido por las leyes anteriores», que atribuían al Ministerio un 55 % de las competencias curriculares en el caso de las comunidades con lengua cooficial y un 65 % en el resto. Según expone el texto, «la LOMCE recibió muchas críticas y suscitó no poca controversia en el ámbito social y educativo, siendo muchas las personas y organizaciones que solicitaron su reversión».

Y es verdad que, durante su aprobación, la llamada Ley Wert recibió todo tipo de reproches, pero de los partidos nacionalistas, que la calificaron de «españolizadora», «nostálgica del franquismo» o «nacionalcatolicista» por, precisamente, intentar acabar con ciertas situaciones vividas en las comunidades gobernadas por separatistas y que ahora vuelven a repetirse. La LOMCE tenía un modelo centralizado en el que el Ministerio tenía mayor control sobre las asignaturas troncales.

Ahora, la Ley Celaá establece la recuperación de la distribución de competencias incluso reduciendo la capacidad de Educación, que cederá el 50 % del currículo a las comunidades con lengua cooficial y el 40 % al resto. Esto significa que serán las consejerías de las distintas regiones y los centros educativos los encargados de completar el currículo teniendo en cuenta los mínimos establecidos. Claro que, con el sistema de competencias del actual decreto curricular, esos mínimos ni siquiera están definidos en lo que respecta a los contenidos.

Una de las enmiendas presentadas por ERC, precisamente durante la tramitación de la LOMLOE, aseguraba eliminar la mención del castellano como «lengua vehicular de la enseñanza» de la reforma. Aunque esto no tenga más recorrido que un espaldarazo a las tesis nacionalistas tras las exposiciones del Constitucional y el Supremo al respecto, es un buen indicador de por dónde iban los tiros en la redacción de la norma.

Pruebas bajo sospecha

Sin embargo, y relacionado con la cesión de competencias, el nuevo texto afectará a los exámenes de selectividad, unas pruebas que llevan años bajo la lupa del sector educativo por las irregularidades registradas en las distintas regiones.

Desde hace años, la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) lleva denunciando que la divergencia entre comunidades «se hace mayor a medida que queman etapas y donde se termina de ver es en el último año de Bachillerato». Según su presidenta, Begoña Ladrón de Guevara, «todos entran en igualdad de condiciones», pero con «desigualdades internas».

Así, se da la circunstancia que alumnos de una comunidad donde la prueba había sido más sencilla pueden acceder a universidades de regiones donde sus alumnos se han quedado fuera al realizar exámenes de mayor dificultad. Esta situación, de hecho, fue comprobada el pasado año por los estudiantes de Madrid, que denunciaron la complejidad de la prueba de Matemáticas en comparación con las realizadas en Murcia y Canarias.

Aumento de la desigualdad

Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado, cree que «indudablemente», el incremento de la descentralización «es un avance hacia la acentuación de las diferencias entre las comunidades autónomas», en las que existen desavenencias, «y añadirá mayor desigualdad».

Desde el Ejecutivo, tanto Pilar Alegría como Joan Subirats se han mostrado a favor de que existan criterios «homologables», aunque descartan una prueba única para todo el país. El ministro de Universidades, en un acto con varios medios, aseguró que este examen «no puede ser excesivamente centralizado ni excesivamente atomizado».

Irónicamente, al mismo tiempo que Educación descartaba unificar la selectividad, proponía la implantación de un examen único y común para todos los españoles para acceder al grado de Magisterio y al máster habilitante con la excusa de mejorar la calidad docente. Un mal mensaje sobre el sentido de la selectividad en el futuro.