CONCAPA, confederación de padres católicos, recurre el currículo de Primaria por vulneración de derechos

La CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, pasa al ataque. Después de la publicación de los decretos curriculares que desarrollan la LOMLOE, esta asociación ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el currículo de Primaria al entender que es contrario a Derecho y perjudica los derechos fundamentales de los padres y alumnos al vulnerar el principio de libertad de Educación de la Constitución.

El presidente de la CONCAPA, Pedro José Caballero, «ante los desmanes legislativos en materia educativa de este Gobierno y en defensa de las libertades más esenciales y fundamentales», ha tomado la decisión de interponer este recurso con el asesoramiento y dirección jurídica de la recientemente creada Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación.

Según explica Francisco La Moneda, director de la Comisión Jurídica, la Ley Celaá vulnera los derechos de los padres al intentar introducir «una serie de contenidos que exceden las competencias curriculares del alumno».

«Nadie cuestiona la igualdad de sexo, la no discriminación… pero estamos hablando de la introducción de la perspectiva de género desde la Prehistoria hasta las matemáticas. No aparece en la Constitución española, tiene un sesgo ideológico y el estado tiene que ser neutral», añade.

Otro de los puntos más importantes de este recurso es el referido a la asignatura de Religión, cuya modificación crea una «absoluta discriminación», según Caballero. Y es que esta asociación ha denunciado las maniobras del Gobierno para hacer desaparecer en la práctica esta asignatura.

La disposición adicional segunda de la LOMLOE marca que «la enseñanza de la Religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español» y que «se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas».

A continuación, establece que «en el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones». Esta opción contó en su momento con el visto bueno de la Conferencia Episcopal.

Sin embargo, hecha la Ley, hecho el Real Decreto. Los currículos de esos ciclos establecen que serán los padres de los alumnos los que manifestarán su voluntad de recibir o no las enseñanzas de Religión y que las calificaciones obtenidas «no se computarán» en el expediente. Además, señalan que aquellos que no cursen esta asignatura deberán recibir «la debida atención educativa».

«Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de los elementos transversales de las competencias a través de la realización de proyectos significativos y relevantes y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En todo caso, las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes», añade el currículo de Secundaria.

En la práctica, la desaparición de la «asignatura espejo» crea una importante discriminación, ya que los padres tendrán la opción de apuntar a sus hijos a una asignatura que no va a tener ningún efecto sobre el expediente de su hijo o a otra que le va a ayudar a reforzar aspectos del currículo. Una situación que provocaría que Religión, como señaló el conselleiro de Educación a El Debate, «acabará muriendo de inanición».

Varias comunidades ya han concretado esas asignaturas espejo, pero la indefinición de la norma y las distintas regulaciones están creando una importante inseguridad en el sector educativo y las familias, como denuncia La Moneda. Queda por ver la decisión del Supremo, pero todo apunta a que la Religión puede provocar una indigestión a la Ley Celaá.