La necesidad de la alta inspección educativa

Hoy el Congreso de los Diputados debate una iniciativa legislativa, presentada por el Grupo popular, para crear el Cuerpo de la Alta Inspección Educativa del Estado y fortalecer esta institución, que constituye un instrumento indispensable para que el Estado pueda cumplir las misiones que la Constitución le otorga en materia educativa.

La Alta Inspección Educativa fue creada en 1981 con ocasión de los traspasos de los servicios educativos a la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus funciones se extendieron al resto de las Comunidades Autónomas en 1985. Pero la experiencia de todos estos años demuestra un funcionamiento muy insatisfactorio de este órgano del Estado, que bien podríamos decir que existe tan sólo «en el papel».

La ausencia de instrumentos adecuados para hacer cumplir los principios constitucionales y las normas básicas educativas que establece el artículo 27 de la Constitución es un hecho sumamente grave en un sistema educativo altamente descentralizado como el nuestro. El Estado queda inerme ante cualquier actuación de los poderes públicos territoriales, que no observe los principios constitucionales. No todo se puede dejar en manos de los órganos jurisdiccionales. El poder ejecutivo del Estado debe poder actuar, en el ejercicio de sus atribuciones, sin necesidad de acudir a recursos de carácter extraordinario, como es el artículo 155 de la Constitución.

Pero no podemos olvidar que el nuestro es un Estado de Derecho y, en consecuencia, todas sus actuaciones deben estar sometidas a claras y precisas reglas jurídicas, que son la base y el cauce del ejercicio de las potestades administrativas. La cuestión no radica fundamentalmente en un problema de voluntad política -que también-, sino en que el Estado se dote de los instrumentos jurídicos necesarios, incluidos los medios materiales, para que se imponga el interés general. ¿Cómo podría el Estado cumplir su misión de establecer la justicia sin un Ministerio Fiscal que la promueva y defienda la legalidad? ¿Cómo se podrían defender los derechos en el ámbito laboral, conforme lo que disponen las leyes, sin una Inspección de Trabajo que actúa en el todo el territorio nacional?

Los gobiernos, de uno y otro signo, han sido responsables de no afrontar esta cuestión con verdadero sentido de Estado. Y eso que la evolución de nuestra realidad educativa nos iba dando crecientes señales de alarma. ¿Cómo se comprueba que las enseñanzas comunes se imparten en todos los centros conforme a lo que dispone el ordenamiento estatal? ¿Cómo se vela por el cumplimiento de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes, incluidos los lingüísticos? ¿Cómo se garantiza la neutralidad ideológica de los centros docentes, en los términos del artículo 27.3 de la Constitución? ¿Cómo se verifica que los libros de texto y demás material didáctico no están en contradicción con las enseñanzas comunes?

Pero, además, el Estado debe velar por el mantenimiento de un sistema educativo vertebrado y que promueva la cohesión social. No podemos permitirnos una España educativa «con distintas velocidades». La igualdad de oportunidades empieza en la escuela. De esta misión no puede desentenderse el Estado en una sociedad moderna, por muy descentralizadas que estén las políticas educativas. Y para cumplir esta misión el Estado requiere de los medios adecuados para estar informado, para saber, por sí mismo, qué es lo que realmente pasa en el mundo de la enseñanza.

Una Alta Inspección Educativa, potente, dotada con los medios y recursos imprescindibles, con auctoritas para ejercer sus potestades, es hoy una necesidad imperiosa. La creación del Cuerpo de la Alta Inspección, que deberá actuar con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad, se convierte en un instrumento indispensable.

El debate de hoy nos revelará la posición de las distintas fuerzas políticas ante una cuestión que estimamos crucial para el futuro de nuestro sistema educativo. Pero, ocurra lo que ocurra, debe incluirse en la agenda de las reformas pendientes, que habrá que abordar inexcusablemente.

• Eugenio Nasarre es exsecretario general de Educación y expresidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados