Madrid, la única comunidad del PP que presentará batalla contra la Ley Celaá

«Absoluto respaldo» a la decisión de Isabel Díaz Ayuso de recurrir ante el Supremo el currículo de Bachillerato. Esta es la postura de Génova respecto al último movimiento de la presidenta madrileña para frenar los dislates de la Ley Celáa. La realidad es, sin embargo, que el resto de comunidades gobernadas por el partido no parecen dispuestas a seguirla.

Este lunes, Ayuso anunciaba su intención de pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto que establece las enseñanzas de Bachillerato en un intento de paralizar la aplicación de este currículo hasta, al menos, el curso 2023/24. «No vamos a incurrir en ningún tipo de insumisión, cumpliremos la ley, no vamos a llevar a la Comunidad de Madrid a los extremos que se llegan en Cataluña», señaló la presidenta madrileña en la Cadena COPE.

Génova, por su parte, mostró su «absoluto respaldo» a la decisión a través de Cuca Gamarra, quien aseguró que Feijóo estaba al corriente de la decisión de Ayuso y que «compartía» sus inquietudes al respecto.

«Un buen Gobierno no es el que piensa en adoctrinar, sino el que piensa en dar la mejor educación posible a nuestros jóvenes para que desde su libertad puedan aspirar a la excelencia. Por lo tanto, absoluto respaldo en la toma de decisiones que las comunidades autónomas llevan a cabo», aseguró la 'número 2' del partido.

Pero lo cierto es que ninguna de las comunidades gobernadas por el Partido Popular va a mover ficha como ha hecho la presidenta madrileña. Murcia, Galicia y Castilla León no van a pasar de los cambios introducidos en los currículos autonómicos; Andalucía, con las elecciones a la vuelta de la esquina, ni está ni se la espera.

A vueltas con la promoción

Las Comunidades Autónomas tienen un margen del 40 % o del 50 % –si tienen lengua cooficial– para introducir sus aportaciones a los reales decretos que establecen las enseñanzas mínimas en cada ciclo. Así, Murcia, Madrid, Castilla y León y Galicia incluyeron modificaciones para, entre otras cosas, reducir el sesgo ideológico de los contenidos y ampliar contenidos, especialmente en la asignatura de Historia.

Pero el mayor punto de fricción se produjo en lo referente a la titulación y promoción. La Ley Celaá establece que el estudiante podrá obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspendida si el equipo docente considera que ha alcanzado las competencias correspondientes. A falta de mayor concreción, la Comunidad de Madrid introdujo la recomendación de que la decisión se adoptara por mayoría cualificada de cuatro quintos.

Ante esta decisión, CC.OO. presentó un recurso contencioso-administrativo en el que solicitaba la suspensión del currículo regional. Finalmente, el TSJM ha levantado las medidas cautelares propuestas por el sindicato. Ahora le toca el turno al Supremo; de aceptarse ahora el recurso de la Comunidad, el Gobierno estaría obligado a paralizar el real decreto de Bachillerato hasta su aplicación el próximo curso, pocos meses antes de las elecciones generales.