Formulario de recepción de las pruebas de acceso a la universidad 2022 en Cataluña, donde los alumnos disponen de una única casilla para realizarlos en catalán
Nueva zancadilla del Govern a los derechos lingüísticos
La Generalitat vuelve a complicar el acceso a los exámenes de Selectividad en español
El formulario de recepción de las pruebas ofrece una única casilla para su realización en catalán, mientras que para el español y el aranés el alumno debe especificarlo en cada una de las asignaturas de las que se examina
El procedimiento aplicado el año pasado fue objeto de una reciente sentencia anulatoria y esta vez, lejos de escarmentar o darse por aludida, la Generalitat ha vuelto a buscar la manera de reeditar la operación.
Los 40.557 estudiantes que comenzaron este martes las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Cataluña tuvieron que rellenar un formulario (repartido únicamente en catalán) para escoger la lengua en la que querían realizar los exámenes.
Las opciones disponibles eran tres: catalán, español y aranés. Pero la facilidad para hacer la elección, sin embargo, dependía, y mucho, de cuál fuera la preferencia.
Así, el cuestionario, de carácter anónimo y distribuido por el Departamento de Universidades de la Generalitat, ofrecía una única casilla para los alumnos que desearan realizar todas las pruebas en catalán.
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Pero la cosa cambiaba radicalmente para aquellos que optaran por el castellano o el aranés: en ese caso, los estudiantes debían marcar con una cruz y para cada una de las asignaturas en cuál de las tres lenguas preferían examinarse, lo que se ha percibido como una nueva muestra de favoritismo del Govern hacia la lengua autóctona por diversas organizaciones. «La Generalitat continúa ridículamente intentando inducirlos [al alumnado] a contestar a todo en catalán», ha denunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe, entidad que vela por los derechos lingüísticos en la educación catalana.
La llamada «hoja autocopiativa sobre la lengua de recepción de los enunciados de examen» ha sido la fórmula elegida por el Govern para dar respuesta a la sentencia emitida en abril por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que concluyó que las pruebas del año pasado vulneraban los derechos fundamentales de los estudiantes.
En la pasada edición, los estudiantes debían pedir expresamente y a mano alzada realizar los exámenes en cualquiera de los otros dos idiomas cooficiales vigentes en Cataluña en los momentos previos al inicio de la prueba.
La sentencia de abril se suma, además, a la que obliga a impartir un mínimo del 25 % de las horas lectivas en español, lo que la Generalitat ha tratado de evitar mediante un decreto.