Aprobada la ley universitaria que reconoce el paro académico

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), una norma que permitirá a los alumnos participar en la creación de los planes de estudios y reconoce el paro estudiantil. Además, reduce las exigencias para ser rector y será el centro el encargado de poner las condiciones para su nombramiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha explicado que ha hecho «algo que mi antecesor no pudo hacer por culpa de la pandemia: estar en contacto con todo el sector universitario». «Queremos que esta ley mire hacia el futuro e incorpore los evidentes cambios que se han producido en estos veinte años, pero además que sirva para los próximos veinte años».

Además ha precisado que esta ley apostará por la reducción de la temporalidad. «Por una combinación perversa por la falta de financiación y aumento de estudiantes, junto a una tasa de reposición inadecuada, nos ha llevado a que se supere por mucho la precariedad marcada en la ley anterior. Queremos alcanzar el objetivo de llegar a un 8 % de temporalidad», ha añadido.

Derecho a paro académico

Uno de los puntos más polémicos de la nueva ley es el relativo a los derechos de los estudiantes. Se reconoce el derecho a paro académico, una antigua demanda de los alumnos, que obligará a las universidades a habilitar mecanismos para paralizar la actividad sin que afecte a la docencia ni la evaluación del estudiantado.

Además, los alumnos tendrán voz y voto en la concreción de los planes de estudios. Subirats, viéndolas venir, se apresuró a aclarar durante la presentación del anteproyecto que esto «no significa qué examen va a ponerse», sino que «será negociado, hablado y discutido con ellos».

Otro asunto criticado fue el modelo de gobernanza, que reduce la influencia de los Consejos Sociales en contra de los modelos europeos, que van en sentido contrario, y a pesar de los anhelos «europeizadores» de la ley.

La elección del rector

La elección del rector quedará en manos de las universidades, aunque la ley establece que los candidatos deberán ser funcionarios Doctores de los cuerpos docentes universitarios. Su mandato será de 6 años improrrogables y no renovables, elegido mediante sufragio universal ponderado por los todos los miembros de la comunidad.

Reducción de la temporalidad

Una de las grandes apuestas del texto es la reducción de la temporalidad para dejarla en el 8 %. Así, se prevé la estabilización de 25.000 profesores asociados, que pasarán a ser indefinidos, y se limitará el contrato de los profesores visitantes a dos años.

También reduce los plazos para la estabilización. Un candidato entrará en la Universidad con contrato predoctoral de 4 años y, una vez acabada la tesis, podrá acceder a una de las plazas de contratado postdoctoral con un contrato de 6 años. Pasado ese tiempo, entrará a formar parte del sistema.

Microgrados

Otra novedad es la introducción de títulos propios para la formación continua a través de «microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración». Subirats explicó que estas credenciales están pensadas «como títulos propios, no oficiales» con una duración de «entre 4 y 40 créditos ECTS» para aquellas personas que no tengan un título específico previo.

«Prima la politización»

Este lunes, el consejero de Educación de la Comunidad, Enrique Ossorio, ha advertido de que en este anteproyecto «prima la politización» de las universidades «en detrimento de la excelencia académica».

«Si me matriculo en una universidad para aprender algo, ¿cómo voy a opinar yo sobre el plan de estudio? Es de locos es como si el paciente pudiera decidir sobre lo que le prescribe un médico», ha señalado.

Ossorio ha añadido también que la Ley Castells «rebaja el nivel académico» y ha criticado los paros académicos, «diseñados en favor de la agitación y la politización».