Jesús Pueyo: «Sin cambio político, habrá un problema muy grave de financiación de la concertada»

Las aulas acaban de cerrar hasta septiembre y son muchas las dudas de los docentes de cara al próximo año, primero de aplicación de la Ley Celaá. Hacemos balance del año escolar con Jesús Pueyo, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) y de los muchos retos a los que se enfrentará el profesorado el próximo curso.

–Pilar Alegría ha negado que exista adoctrinamiento en la Ley Celaá, ¿qué opina?

–Adoctrinamiento quizá es una palabra excesiva que se usa mucho en el rifirrafe político, pero es verdad que hay un sesgo ideológico. Hay un interés de un partido en concreto en unos objetivos y puede haber en los libros de texto alguna desviación que esperamos que se corrija. Al final dependerá de los proyectos educativos de cada centro, de si se adaptarán o no a ese posible adoctrinamiento.

–¿Ha habido falta de diálogo en la elaboración de la Ley Celaá?

–Es que no hubo debate ni hubo negociación. La ministra anterior no convocó la mesa sectorial con la concertada ni una vez en su mandato. Es una ley que nace vinculada a un Gobierno determinado y que permanecerá vigente mientras esté ese Gobierno. Estamos en una situación de constantes cambios y vaivenes conforme se van produciendo estas alternancias políticas, por lo que reclamamos un Pacto de Estado político y social que aleje la educación del interés partidista.

El profesorado va a empezar el curso sin saber qué va a tener que afrontar ni haber sido formado en los nuevos cambios

–¿Cree que era el momento adecuado, en plena pandemia, para tramitar la ley?

–No eran las condiciones adecuadas. De hecho, tampoco es el momento de aplicarla ahora dada la situación de tramitación de los currículos. Estamos en pleno mes de julio y el profesorado no conoce cuáles son los currículos definitivos porque el Gobierno ha tardado mucho en sacar su parte correspondiente y las comunidades están todavía en proceso de aprobación. El profesorado va a empezar el mes de septiembre sin saber qué va a tener que afrontar ni haber sido formado en los nuevos cambios. El curso que viene va a ser complicado.

–Y además está el decreto de titulación y promoción.

–La solución no está en rebajar el nivel de exigencia. Además, deja al equipo docente una responsabilidad que no corresponde y generará más diferencias, ya no solo territoriales, sino entre los propios centros de una misma localidad.

–Hablamos de 17 sistemas educativos distintos que luego confluyen en un distrito único en la universidad. ¿Hablamos de alumnos de primera y segunda categoría según su origen educativo?

–Estamos hablando que lo común para todas las personas dentro del sistema educativo español va a tener diferencias del 50 al 40 % de diferencia según la comunidad. Lógicamente el problema lo tendrá el alumnado al llegar a la EBAU con un proceso, aunque suene contradictorio, de unificación.

–¿Hay un ataque a la cultura del esfuerzo, como muchos defienden?

–El aprendizaje no debería ser un calvario, pero sí requiere un esfuerzo y una disciplina, algo que se ha desvirtuado últimamente. Da la sensación de que el alumnado se ha relajado. Ya veremos los libros de texto, pero tenemos la sensación de que el nivel de contenidos se ha ido reduciendo.

Hay quienes pretenden imponer un modelo único de enseñanza de carácter público y laico y suprimir todas las alternativas

–Podemos presentó una proposición para convertir los centros privados y concertados en públicos, ¿hay un problema con la concertada?

–La educación concertada no es un problema del sistema, sino una parte muy importante que contribuye a la formación de cientos de miles de personas. Nos alegró que el Congreso rechazara esta propuesta, aunque suponemos que Podemos lo seguirá intentando. Hay quienes pretenden imponer un modelo único de enseñanza de carácter público y laico y suprimir todas las alternativas.

–¿Qué aporta la educación concertada?

–Hay una claridad del proyecto educativo, los padres saben perfectamente qué objetivos se buscan. Es un tipo de enseñanza distinta a la de titularidad pública y ofrece una serie de proyectos educativos y de valores muy distintos, por eso es tan demandada.

–¿Y cuándo se va a igualar el salario de los trabajadores con el de la pública?

–Es un derecho que tenemos reconocido desde 1985 y todavía no lo hemos conseguido. Las diferencias ya no son solo retributivas, sino de carga lectiva. Es responsabilidad de las administraciones que no ponen la financiación necesaria en los módulos de los conciertos para que haya el mismo número de profesores, tengan las mismas horas lectivas o las mismas retribuciones en un centro público que uno concertado. Pero seguimos luchando por ello.

–¿El famoso estatuto docente lo solucionaría?

–La ministra presentó ya una propuesta, pero discrepamos en la carrera profesional: está planteada exclusivamente para los trabajadores públicos y debería incluir a todo tipo de docentes, independientemente del centro en el que trabajen.

El profesorado está expectante ante un posible cambio normativo tras las elecciones generales

–¿Cuáles son los retos de los docentes y familias a corto plazo?

–Hay una incertidumbre que se va despejará en las próximas elecciones generales ya que podría significar un nuevo cambio normativo, por lo que el profesorado está expectante. En estos momentos va a afrontar una reforma educativa para la que no se le ha formado ni se siente implicado por las dificultades de la pandemia. Si no hubiera cambio político, habrá un problema muy grave de financiación de la concertada. Para las familias, la preocupación fundamental es la libertad de elección según sus convicciones, lo que en unas comunidades es más fácil que en otras.