A menos de un mes para empezar el curso, faltan por publicarse más de la mitad de los decretos curriculares

En pleno agosto y a menos de un mes para que empiece el nuevo curso, todavía no se han aprobado la mitad de los decretos curriculares que desarrollan la ley Celáa lo que amenaza con provocar un importante caos al comienzo de las clases.

La tramitación de esta ley ya llegó con polémica –en plena pandemia y sin contar con opinión del sector– y parece que su implantación va a ser igual de dolorosa. A pesar de ser aprobada en diciembre de 2020, el Gobierno tardó casi un año y medio en publicar los reales decretos que establecen las enseñanzas mínimas de los distintos ciclos educativos.

El problema es que estos currículos deben ser completados por las consejerías educativas de las respectivas comunidades, que requieren de unos plazos mínimos para seguir todos los formalismos –estudio por parte de las comisiones jurídicas, informe de los consejos escolares, etc.– antes de su aprobación en los boletines regionales. Una vez aprobados, estos contenidos se envían a las editoriales para que preparen los libros de texto.

Precisamente las editoriales llevan meses protestando por los retrasos, aunque han garantizado que los libros estarán disponibles. «Sin ninguna duda los libros estarán listos, están prácticamente a disposición de los profesores», asegura José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE).

Cómo estarán es otro asunto. «Los libros están disponibles pero tenemos que pasar un filtro y, de los 72 decretos que tienen que publicarse, a día de hoy no hay más de 30. Por seguridad estamos pendientes de que vayan publicándose, pero tenemos los borradores y los libros estarán disponibles», revela el presidente de ANELE a EP. Es decir, los editores están trabajando con unos textos que pueden sufrir modificaciones.

Por el momento, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco no han publicado ni uno solo de los decretos de las cuatro etapas educativas –Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato–, mientras que Aragón y Extremadura todavía no tienen los de Secundaria y Bachillerato. Navarra y Valencia no han publicado tampoco el de Bachillerato.

«Es lo que tenemos, nosotros cumplimos con la normativa. Tendremos que esperara que se vayan publicando los decretos, hemos mandado muestras a los centros de las comunidades pendientes de la aprobación definitiva», añade.

Polémica con las comunidades populares

El asunto de los decretos ha generado una importante polémica por su contenido «adoctrinador e ideologizante», como lo han calificado desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Más allá de la contienda política, es cierto que existe un sesgo ideológico, como ha denunciado buena parte del sector educativo.

Inicialmente, estas comunidades –Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia– intentaron bloquear la aplicación de estos decretos por la falta de tiempo, aunque finalmente algunas han desistido.

Andalucía y Murcia no van a renovar los libros –en el caso de la región gobernada por López Miras solo se cambiarán los libros de primero y tercero de Primaria–, mientras que Madrid ha recomendado el uso de los textos del año pasado, aunque finalmente se renovarán.

Según ha explicado Moyano, esto está relacionado con la dotación presupuestaria con la que cuentan para sus programas de gratuidad por sistema de préstamos. Así, en Andalucía no se aprobó el presupuesto de este año, mientras que en Murcia no se ha ampliado la dotación presupuestaria.