¿Cómo será la nueva figura del coordinador de bienestar del cole?

Todos los colegios deberán contar este próximo curso con un coordinador de bienestar para atajar cualquier tipo de violencia o acoso en sus aulas, una nueva figura de la que de momento se desconocen los detalles de cómo se va a implementar y que algunos temen se hará a coste cero, sin la necesaria formación y coordinación.

En junio de 2022 se ha cumplido un año de la aprobación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi), que obliga a tener operativos a partir de septiembre próximo a estos coordinadores, un perfil que también recoge la Ley Celaá (Lomloe).

Estos profesionales deberán estar en todos los centros educativos donde estudien menores de edad, ya sean públicos o privados.

Los últimos documentos elaborados por el grupo de trabajo del Observatorio Estatal de la Convivencia y las comunidades autónomas han entrado en más detalle de cuáles deben ser sus funciones y poner negro sobre blanco sobré cómo actuar ante situaciones de maltrato, acoso y violencia, explican fuentes del Ministerio de Educación.

A coste cero: «No es aceptable»

Extremadura es de las pocas autonomías que ya han informado de cómo va a aplicar esta novedad. En sus colegios de Infantil y Primaria será un miembro del equipo directivo o una persona propuesta por la dirección, y en la ESO pueden ser los educadores sociales y, en casos excepcionales por falta de disponibilidad, el profesional a quien designe la dirección del centro.

En declaraciones a EFE, el secretario de enseñanza pública no universitaria de Comisiones Obreras, Héctor Adsuar, afirma que hay más comunidades que plantean este camino cuando, en realidad, habría que apostar por «poner al menos a una persona más en plantilla para asumir adecuadamente estas funciones».

En ese sentido, Adsuar teme que las administraciones educativas autonómicas pretendan hacerlo «a coste cero», lo que «no es razonable ni aceptable».

Se necesita -insiste- a un profesional más a jornada completa para que esto se haga bien y para ello «se requiere inversión del Ministerio y de las comunidades, de lo contrario lo que se va a hacer es sobrecargar a las plantillas»

También hace falta formación: «Debe haber una oferta formativa suficiente y espacios dentro del horario laboral para tener al profesorado actualizado», añade este responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO.

La dificultad de una visión general

Ramiro Andrés Ortegón, presidente de la Plataforma PDA Bullying, explica a EFE que a día de hoy es difícil dar una visión general de cómo se va a implementar esta nueva figura y en Cataluña, La Rioja y otros territorios «aún no se sabe cómo se desplegará».

Este experto, profesor del Máster de Formación Permanente en Acoso Escolar de la Universidad Internacional La Rioja (UNIR), apunta a que uno de los puntos clave será la formación: «Necesitamos personas formadas y mientras no lo estén esas funciones las asumen las administraciones».

Por ejemplo en Cataluña, añade, se derivan este tipo de cuestiones a los equipos de atención psicopedagógicos «que están desbordados porque se externaliza una función que es de los propios colegios».

Ortegón también tiene la sensación de que las comunidades optarán por que los equipos profesionales asuman las nuevas tareas en lugar «de una apuesta económica para desarrollar esa figura», que será soporte «de las comisiones de convivencia que ya existen o deberían existir y puente o persona referente de detección para recibir alertas de casos de todo tipo de violencia».

Quién debe desempeñar el puesto

Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, una de las ONG que colaboró en la Ley de Infancia, cree que los detalles de cómo se va a desarrollar esta figura se conocerán poco antes del comienzo del curso escolar, como ha ocurrido con los protocolos de la covid.

«Las principales dudas es quién tiene que ocupar ese puesto; si tiene que tener dedicación completa, así como la formación específica que debe tener esa persona. Lo importante es que haya recursos suficientes para su implementación», explica.

A su juicio, puede ser que un profesional que se dedique a tiempo completo, pero «precisamente para favorecer la cercanía con el alumnado también sería interesante que fuera una persona con una parte de la jornada liberada y, desde luego, hay que asegurar que realmente haya unas horas que solo sea para eso».

Según los documentos que ha preparado el grupo de trabajo del Observatorio Estatal de la Convivencia, entre las tareas que deberán desempeñar los coordinadores de bienestar figuran las de coordinar con la dirección del centro el Plan de Convivencia; fomentar una alimentación saludable en el colegio; potenciar el uso de métodos de resolución pacífica de conflictos; informar sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia, y elaborar estrategias para identificar situaciones de riesgo.